El Gobierno de Aragón ha incluido entre sus aportaciones al anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa solicitar protección para la religión, a la que pretende dotar de un cierto cambio de estatus. La propuesta del Ejecutivo autonómico se refiere a que el texto recoja en el articulado de la ley lo que la Ley Orgánica de Educación (LOE) actual incluye en una disposición adicional y que establece que "la enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español. A tal fin, y de conformidad con lo que disponga dicho acuerdo, se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos".

La petición de Aragón se incluye en las proposiciones que la comunidad aporta en el apartado de desarrollo curricular. Así, el Departamento de Educación reclama explícitamente "incluir el área de Religión en Primaria y la materia de Religión en ESO y Bachillerato". Asimismo, también solicita que la nueva ley incluya la asignatura de Economía en lugar de Literatura Universal en el primer curso de Bachillerato de Ciencias Sociales, así como Música y Cultura Clásica entre las optativas de 4° de ESO y Tecnología Industrial I y II en la oferta de optativas para la modalidad de Ciencias de Bachillerato". En estos tres últimos casos, el Ejecutivo aragonés muestra su oposición a la reforma pretendida por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, que relega estas materias.

El documento que la consejera de Educación, Dolores Serrat, pretende remitir al ministerio incluye, además, la petición de que el nuevo texto abra la puerta a los conciertos en Bachillerato. La propuesta se incluye en el apartado titulado Libertad, como "principio fundamental del sistema educativo". En él se refleja que "debe explicitarse la posibilidad de establecer conciertos con entidades sin ánimo de lucro tanto en Bachillerato como en el Curso de Formación Profesional Básica".

En este sentido, la DGA también reclama a Wert "avanzar más decididamente en el derecho de las familias a poder elegir el centro educativo que deseen para sus hijos" que, según el documento, solo estaría limitado "por la oferta real de plazas escolares en cada centro" por lo que "debe incorporarse el principio de demanda social en la programación de la red de centros".

Estas aportaciones a la reforma del ministerio pretende contar con el respaldo del Consejo Escolar, al que se remitió el informe el pasado martes con la intención de presentarlo como fruto de un proceso participativo una vez resueltas las posibles alegaciones y enmiendas. Sin embargo, el órgano consultivo, en la permanente del pasado martes, decidió desmarcarse de este texto y negarse a informar sobre él. Así, una vez desestimada la opción de elaborar un informe propio, el Consejo Escolar estableció que se constatara que el documento pertenecía únicamente a la DGA.

Sin embargo, es factible que, la próxima semana, la votación en el Pleno del Consejo Escolar depare un resultado distinto y se siga adelante con el informe y se abra el plazo para realizar aportaciones.

Wert dio a las comunidades todo el mes de noviembre para hacer sus aportaciones y volverá a reunirlas en diciembre.