Nuevo revés para el director gerente del Servicio Aragonés de Salud, Tomás Tenza. La Fiscalía de Burgos solicita para él 6 meses de cárcel y 12 años de inhabilitación especial para empleo o desempeño de cargo público, por los supuestos delitos de prevaricación y contra la integridad moral --por acoso laboral--, durante su etapa al frente del Complejo Asistencial de Burgos, según informó en su edición digital Diario de Burgos.
La situación que afronta Tenza nace de la denuncia de dos trabajadores del centro burgalés, en el 2009, por presuntas irregularidades durante la adjudicación de la gestión del sistema informático del Hospital General Yagüe. La acusación original partió del antiguo jefe de Informática del centro sanitario, Ricardo Cuadrado, y de un funcionario.
En principio, solo se denunciaron irregularidades en la contratación de una nueva empresa gestora del sistema informático del centro, pero después se añadió la imputación por acoso. Según la denuncia, Tenza habría impedido a Cuadrado asistir a cursos de su especialidad profesional e incluso la entrada a determinadas dependencias del hospital. Cuadrado, que fue destituido por Tenza como responsable informático del complejo, acabó ganando, además, un contencioso por despido improcedente.
El diario burgalés informa, asimismo, de que el ministerio público pide una indemnización de 160.000 euros para el denunciante, y señala a la Junta de Castilla y León como responsable civil subsidiaria de su pago.
DENUNCIA Fue el Juzgado de Instrucción número 1 de Burgos el que, a raíz de la denuncia conjunta de los dos empleados, ya dictó el pasado mes de agosto auto de procesamiento contra el actual responsable del Servicio Aragonés de Salud. En octubre, la Audiencia Provincial de Burgos dio por concluido el sumario y ordenó la apertura del juicio oral --pendiente aún de fecha-- con la fase de conclusiones provisionales del fiscal, las acusaciones y la defensa.
Para la calificación del caso, el juez solicitó la elaboración de sendos informes sobre la actuación de Tenza. El primero, obra de la Unidad de Apoyo de la Intervención General del Estado, aseguraba ya en el 2009 que "parecen derivarse numerosas irregularidades en el cumplimiento de la legislación de contratos de las administraciones públicas, y variados pagos a la empresa beneficiaria no soportados en contratos regulares".
El segundo informe, cuya autoría corresponde al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, concluyó en mayo del 2010 que, "a la vista de la denuncia y de la documentación examinada, en las relaciones contractuales entre el Complejo Asistencial de Burgos y la empresa Atos Origin SAE, se incumple de forma generalizada y en aspectos fundamentales las normas de contratación de las administraciones públicas".
Este segundo informe se cursó después de que el primero precisara que necesitaba más documentación válida u otro tipo de pruebas para un procedimiento definitivo. Cuando se produjo esta circunstancia, los abogados de Tomás Tenza formularon un recurso contra la decisión del juzgado instructor de transformar las diligencias previas en un sumario para el inicio del juicio. Pero la Audiencia burgalesa determinó seguir con el caso.
