Cientos de jueces, fiscales, abogados, secretarios, procuradores y algún funcionario llevaron a cabo ayer en la plaza del Pilar una histórica concentración de protesta: las reformas que impulsa el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, han logrado por vez primera en la democracia sacar a la calle a todos los operadores judiciales para pedir la paralización de los proyectos de ley, por considerar que afectan a la independencia del Poder Judicial, y la modificación de las tasas, cuya cuantía consideran que impedirá el acceso a los tribunales de buena parte de la ciudadanía. La movilización también se produjo en Huesca y en Teruel, como en el resto de las capitales de provincia de España.
En Zaragoza, los operadores comenzaron a concentrarse sobre las doce del mediodía, momento en el que, por espacio de una hora, quedaban suspendidas las vistas orales y las comparecencias en los juzgados, con excepción de las relativas a las guardias.
El juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado, flanqueado por los decanos de otros operadores judiciales y por representantes de sus asociaciones profesionales, leyó el manifiesto acordado por la Comisión Interasociativa, que agrupa a las cuatro entidades de magistrados y las tres de fiscales.
REIVINDICACIONES El documento reclama la paralización de los dos proyectos legales señalados, la aplicación de "unas tasas judiciales que no limiten el acceso de los ciudadanos" a los tribunales, el aumento de medios materiales y personales en los juzgados para ofrecer "una Justicia profesional", entre otros aspectos.
El manifiesto insiste, como ya lo hizo el de la protesta del 23 de noviembre, en que "la Justicia no puede ser vista como un problema, sino como elemento esencial de la solución", muestra la disposición de las dos carreras "a aportar mejoras en la legislación" y pide "a la ciudadanía" que asuma "la defensa de la Justicia y su independencia, como garantía de sus derechos y libertades".
La protesta se celebró bajo una atmósfera enrarecida, de tintes incluso airados en algunos casos, originada por las declaraciones en las que, la víspera de las concentraciones y unas horas antes de su celebración, el ministro de Justicia acusó a los jueces y fiscales de salir a la calle por motivos económicos y corporativos --la pérdida de la paga extraordinaria de diciembre-- pero no estatutarios o de principios como sostienen las entidades.
En Zaragoza, Dolado, que compagina el decanato con la presidencia del Foro Judicial Independiente, respondió con dureza al ministro, ante cuyas reformas aseguró que "estamos en riesgo de involución democrática". "¿Estamos desmontando el Estado de Derecho bajo la falsa excusa de la situación económica? ", se preguntó. "Podemos volver a una situación preconstitucional", anotó.
"Es mejor dejar el sistema como está", aseguró el decano, que mostró su "rechazo a cualquier reforma que mine la independencia del Poder Judicial".
Dolado calificó de "falaces" las declaraciones del ministro, de quien dijo que "lo único que hace es calentar el ambiente". "No defendemos ninguna postura corporativa --añadió--. Reivindicamos la mejora absoluta de la Justicia. Y estas reformas son una merma".
"La mayoría absoluta no da la razón", dijo, antes de anotar que "estamos tomando las medidas mínimas para perjudicar lo mínimo".
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