Cientos de empresarios aragoneses han conseguido salvar su patrimonio tras declarar insolventes sus empresas y terminar estas liquidadas por los juzgados de lo Mercantil en concursos de acreedores que, prácticamente sin excepción, obtienen la declaración de fortuitos al no detectar los administradores concursales indicios de que la ruina pueda responder a una mala gestión, ya sea deliberada o por torpeza.

Esa situación, explicaron fuentes judiciales, se da en la práctica totalidad de los procedimientos concursales, en los cuales se ha generalizado otra tendencia: las declaraciones de insolvencia terminan en la liquidación de la sociedad concursada, ya sea por no lograr que sus acreedores acepten reducir y/o aplazar el cobro de los débitos o porque, de haber conseguido un convenio, este resulta incumplido a las primeras de cambio.

Cuando aparecen indicios de culpabilidad de los gestores, la Ley Concursal permite a los magistrados ir contra las propiedades de los concursados para saldar sus deudas y finiquitar con cargo a esos bienes los contratos de sus trabajadores. Sin embargo, los jueces de lo Mercantil tienen en este capítulo las manos atadas: solo pueden proceder contra el empresario si los administradores concursales --economistas y abogados comisionados por los juzgados para meterse en las tripas de la empresa-- hallan evidencias de culpabilidad, o si esa situación es denunciada por la Fiscalía y/o la Abogacía del Estado, cuyos profesionales se ven igualmente obligados a trabajar sobre los documentos de los interventores, cuyo contenido y conclusiones son también vinculantes para ellos. Así, las declaraciones de fortuito --"que ocurre inopinada y casualmente"-- se suceden en cascada en los juzgados.

En la práctica, esa calificación conlleva que los acreedores pierden el grueso de las deudas pendientes de cobro --la Agencia Tributaria y la Seguridad Social suelen ser de los principales damnificados-- al mismo tiempo que el erario público termina pagando las indemnizaciones por despido a los trabajadores a través del Fogasa (Fondo de Garantía Salarial).

CIFRAS Las devastadoras consecuencias que desde el inicio de la crisis está teniendo en el tejido empresarial la insolvencia generalizada --estrangulamiento del crédito y retracción del consumo público y privado-- se han acentuado este año en Zaragoza. Según explicaron fuentes judiciales, cada uno de los dos juzgados de lo Mercantil de la provincia ha tramitado en torno a 120 concursos de acreedores en lo que va de año --sumaban 78 de enero a junio--, un ritmo que hace prever que el ejercicio del 2011 se cierre finalmente con unas 260 declaraciones de insolvencia. Esa cifra pulveriza los desoladores registros del año pasado --210-- y del anterior --192-- y confirma que la crisis sigue acentuándose.

En el 2008, primer año en el que la crisis dejó sentir sus efectos sobre Aragón, fueron declaradas insolventes otras 99 empresas zaragozanas, lo que supone un total de 734 en cuatro ejercicios. En el 2007 cayeron otras 30.

La insolvencia, según explicaron las mismas fuentes, ha dejado de centrarse en el sector de la construcción y sus auxiliares para pasar a afectar a empresas de todos los ramos.