Para estar comprometido con lo público no basta con decir que se pagan impuestos ni con recibir subvenciones públicas, sino que hay que tener una gestión pública. La dicotomía público/privado no es nueva y se ha escrito mucho sobre este asunto y más en educación, y más en estos tiempos en que la escuela pública está recibiendo ataques continuos con recortes en su inversiones, no construcción de centros imprescindibles, cierre de unidades arbitraria y precipitadamente, suspensión de programas, impago de servicios, despido de profesionales, aumento de ratios, no cobertura de bajas, aumento de horas de trabajo del profesorado, incremento de requisitos en las becas, aumento del coste de actividades, aumento en las tasas universitarias, etc. Ya sabemos que sufrimos una crisis económica, pero ésta no puede ser la excusa para desmantelar los servicios públicos y menos el educativo, que es el que garantiza la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos y el que debería sacarnos de la lamentable situación en la que nos encontramos y que no hemos provocado las familias, ni los alumnos, ni el profesorado.

Hoy, la comunidad educativa, en el más amplio sentido del término (profesorado, familias y alumnado) saldremos a la calle, una vez más, para gritar alto y claro que no permitiremos que dejen sin futuro a nuestros hijos e hijas y por eso defenderemos la Escuela Pública de calidad con argumentos. Porque no vamos a dejarnos engañar por quienes nos dicen que no es necesario invertir en educación para obtener mejores resultados, ni por quienes nos anuncian que estos tijeretazos no van a afectar a la calidad de la educación de nuestros hijos, ni por quienes manipulan el lenguaje llamando ajustes a los recortes, ni por quienes nos acusan de algaradas en la calle, ni por quienes intentan hacernos creer que con una Ley de Autoridad del Profesorado se prestigia a los docentes mientras se les acusa de trabajar poco, ni por quienes creen que las familias valoramos más la educación si la pagamos, ni por quienes prohíben que nos reunamos para explicar lo que pasa, ni por quienes nos niegan subvenciones para impedirnos una participación activa y organizada, ni por quienes desconocen la riqueza de lo diverso, ni por quienes desconocen que nuestro territorio es mayoritariamente rural, ni por quienes generan confusión hablando de lo público, desde lo privado.

En más de 30 años de democracia, hemos aprendido que la educación no es un negocio, que la escuela pública no se vende y que ser ciudadanos conlleva la responsabilidad de luchar, en este caso, por una educación pública. Y así lo haremos. Se lo debemos a nuestros hijos e hijas y no vamos a defraudarles.