De la crisis política iniciada por el independentismo no saldrá «nada bueno» según afirmó ayer el presidente de la DGA, Javier Lambán. Así, indicó que buscará «anticiparse» a sus consecuencias hablando con todos los agentes sociales. El dirigente se mostró en el pleno de las Cortes visiblemente «preocupado» por un «terremoto» que no parece estar cercano a una solución.
El socialista respondía de este modo a la portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar, que inquirió sobre las consecuencias que el conflicto podría tener para Aragón y sobre las medidas que se están tomando para evitarlo. «Según cómo se desenvuelvan los acontecimientos afectarán a la economía aragonesa», dijo.
Lambán indicó que el próximo lunes citará a los agentes sociales para analizar la situación. Explicó que pretenden «medir» los efectos adversos y también «anticiparse» a lo que pueda ocurrir. En estos encuentros participarán desde los sindicatos a las patronales empresariales. Además convocarán a colegios profesionales y a responsables de la Universidad de Zaragoza para establecer posibles escenarios. Será la consejera de Economía, Marta Gastón, la que lidere estos grupos.
CAMBIOS DE SEDES
Respecto al cambio de sedes de empresas catalanas y su posible llegada a Aragón, calificó de estar aquejadas de una «miopía absolutamente condenable» a aquellas opiniones que reclaman medir el conflicto en estos términos. «No es bueno que la situación siga alterada», indicó.
La intervención de Lambán ante los diputados autonómicos se produjo antes de que trascendiera públicamente el acuerdo para una posible convocatoria de elecciones en Cataluña el próximo mes de enero. Como única «hoja de ruta» para reconducir la situación habló de la reforma constitucional que el PSOE espera encabezar en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, puntualizó que no aceptará «privilegios para unos en detrimento de los otros».
Además, el presidente autonómico indicó que defenderá «con uñas y dientes» la consideración de nacionalidad histórica para Aragón que figura en el Estatuto. Por su parte, Gaspar reclamó que esta mejora constitucional no sirva para «romper España» ni para «contentar a los independentistas» tras lo que consideró una «pataleta infantil».
