Las asociaciones contratadas llevan diez meses sin cobrar

M. N. / D. L. G. 06/02/2012

Las contratas que gestionan las oficinas de la red municipal de puntos de información al consumidor llevan diez meses sin cobrar del ayuntamiento. Las asociaciones que ganaron en su día el concurso de atención al consumidor en las seis oficinas de distrito más las adjudicatarias de un segundo sobre información especializada en los sectores más conflictivos (telecomunicaciones, vivienda y banca) temen por el futuro de este servicio gratuito. Torre Ramona, por ejemplo, ha pedido un crédito de 20.000 euros para poder continuar unos meses. Y la Asociación San Jorge ha cedido la concesión del Actur a la Unión de Consumidores de Aragón (UCA).

Los impagos comenzaron el segundo trimestre del 2011. Y continúan. La más afectada es la asociación Torre Ramona, que gestiona las oficinas de El Raval, San José, Torrero y Universidad. También atiende las quejas y reclamaciones sobre el sector de las telecomunicaciones (telefonía, internet, etc).

"Nos deben alrededor de 23.000 euros, y hemos pedido un crédito de 20.000 que nos dará para ir tirando y pagar a los tres abogados que tenemos contratados", contesta su presidenta, Olvido Blasco. El aval lo ha obtenido gracias a que es un contrato municipal, y buscarán la manera para que el ayuntamiento asuma también los intereses del mismo.

La Asociación de Consumidores San Jorge ganó el concurso en el Actur, pero el pasado mes de septiembre se vio obligado a traspasarlo a la UCA. "No se trata de una subvención. Hacemos un trabajo que nos tienen que pagar. Pero no hay presupuesto", asegura José Ángel Oliván, presidente de la UCA, la cual gestiona también la oficina especializada en vivienda. Y la asociación Aicar-Adicae ganó la de Delicias y la asesoría en asuntos económicos y financieros.

La situación hay que contextualizarla en el recorte presupuestario, que también afecta a la propia Oficina Municipal de Información al Consumidor, que de los 69.000 euros con que contaba para el 2011 ha pasado a casi 46.000 con el presupuesto prorrogado.

Esta red de oficinas de atención al consumidor va a hacer cuatro años que se puso en marcha con el objetivo de atender, mediante asesores jurídicos especialistas en materia de consumo, y de manera gratuita consultas, reclamaciones, quejas y denuncias en materia de consumo formuladas por los ciudadanos. "Si no pagamos a los abogados, dejarán de trabajar", concluye Olvido Blasco.