La suspensión de la licencia de obras para la reforma de los juzgados del Pilar acabó siendo retirada porque, tal y como adelantó EL PERIÓDICO, el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) se comprometía el día anterior con el consejero de Presidencia de la DGA, Vicente Guillén, a aparcar este bloqueo a la licitación de las obras a cambio de retomar el principio de acuerdo alcanzado en el 2017 para la cesión de parte del edificio. Como gesto «de buena fe procesal», destacó el responsable de Urbanismo, Pablo Muñoz, al inicio de un intenso debate que acabó en bronca. Se las prometía felices pero se tornó en un aluvión de críticas que agravó la importante brecha ya abierta con la oposición.

Todos los partidos le afearon su maniobra, que achacaron más a una rectificación de última hora en vista de que iba a ser retirado por ellos este «expediente político, no jurídico» gestado «de forma arbitraria». Una salida improvisada revestida de diálogo con Guillén por un pacto que ahora la DGA ve como papel mojado y pide repensarlo, cuando el ayuntamiento ya lo da por conseguido. Reforzaba así la segunda lectura de la oposición: el «fracaso» de una negociación en la que no consta por escrito pacto alguno. O, como definió el edil Pedro Navarro (PP), que la DGA «se le ha choteado en la cara» a ZeC.

pequeños flecos // Muñoz argumentó la retirada explicando que «hace un año» se llegó «a un acuerdo» con el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, y que tras contactar ayer con Guillén se retomó esa senda para «la firma de ese convenio válido y valioso para ambas partes para la utilización conjunta del edificio» con un «calendario» de reuniones que «comenzará la próxima semana». Y el objetivo de plasmar una rúbrica en el marco de la bilateral que se debe celebrar en breve. Y que, en realidad quedan pequeños flecos por lo que esta se puede dar «con relativa facilidad». Y la oposición, dijo, vota «en comandita» y pensando poco en los zaragozanos, como «cuando se cargaron la operación asfalto» a la hora de decidir el destino de remanente de tesorería.

Suficiente para recibir una avalancha de críticas. Ni siquiera sirvió que el gerente de Urbanismo, Miguel Ángel Abadía, asegurara que se trata de «una propuesta estrictamente jurídica (no técnica) sobre hechos que sobrevienen», la licitación de la DGA para la reforma sobre el suelo y el vuelo que el ayuntamiento quería que fuera objeto de reversión.

«Lo que dice es de red social de quinceañeros», le replicó Navarro a Muñoz, que le instó a «dimitir» por montar esta bronca con la licencia y luego decir que se zanjará con facilidad. «Están negociando los metros cuadrados que nos ceden de una propiedad que debería ser nuestra», añadió, recordándole que el PP le dio su apoyo para exigirla.

«No hay ningún acuerdo», reprochó la socialista Lola Ranera, quien criticó que «de un expediente administrativo haga un tema político» desde «el chantaje al Gobierno de Aragón», una «pirueta de mal perdedor». «Otorgue la licencia y luego se va a presentar un interdicto al juzgado», le instó. «Hace 25 minutos estaban tomando café Guillén y Rivarés en una cafetería de la calle Alfonso. ¿Eso es un principio de acuerdo?», ironizó. «La política y los faroles, más allá de la Semana Santa, deberían estar reñidos», concluyó.

«Usted no mira por los ciudadanos, sino por su partido», lamentó Alberto Casañal, de Cs, quiencriticó el «nivel bajo» de la política que trataba ZeC de hacer con esta licencia «desde el chantaje» y dentro de «esta partida de póker» que están jugando junto a la DGA. Sin actas, resaltó.

«El acuerdo debe estar en la servilleta de ese bar de la calle Alfonso», se burló Leticia Crespo, de CHA, que le exigió a Muñoz que «deje de escudarse en sus técnicos» porque este pulso «tiene que ver con el diálogo», apostilló.