Las energías renovables van a suponer una verdadero premio de lotería caído del cielo para muchos municipios aragoneses. El nuevo boom de proyectos eólicos y fotovoltaicos que vive la comunidad supondrá una importante fuente de ingresos para los pueblos que acogerán estas instalaciones energéticas, en algunos casos hasta llegar a cubrir hasta la mitad o más de los presupuestos municipales con estas aportaciones. En concreto, los promotores eléctricos de los proyectos que se construirán hasta el 2020 abonarán en torno a 14 millones de euros a ayuntamientos y particulares, una cuantía que se repartirá al 50% -aproximadamente- entre impuestos y alquileres de los terrenos. Esta cifra ascenderá a unos 420 millones de euros en los próximos 30 años, la duración habitual de los contratos de explotación de estas instalaciones, que suelen incluir una cláusula para prorrogar la actividad de 10 años más.

Estos ingresos, junto con la generación de un importante número de puestos de trabajo directos e indirectos, van a suponer el principal impacto económico que las energías verdes tendrán en la comunidad autónoma, que se convertirá en un campeón nacional en este campo, junto con Galicia y Castilla y León. El Gobierno de Aragón tramita proyectos para generar electricidad con viento y sol que suman más de 5.000 megavatios (MW) de potencias, de los que en torno a 3.500 (unos 2.500 de eólica y 1.000 de fotovoltaica) entrarán en operación antes del 2020 por estar acogidos, en la mayoría de los casos, a las tres subastas de renovables que llevó a cabo el Gobierno central en el 2016 y 2017. De hecho, Aragón ha acaparado el 60% de la capacidad subastada por el ministerio del ramo. Así las cosas, la potencia eólica instalada en la comunidad (1.911 MW al cierre del 2017) se llegará a más que duplicar y la fotovoltaica (167 MW) se multiplicará por siete u ocho.

Los tributos municipales que gravan a las renovables son fundamentalmente el impuesto de bienes inmuebles para construcciones especiales (IBICE) y el IAE (impuesto de actividades económicas). Aunque cada ayuntamiento tiene competencia para fijar las tasas que considera oportuna, la aportación media por estos conceptos es de unos 2.000 euros al año por megavatio, según estimaciones del Clúster de la Energía de Aragón (Clenar). En el caso de un parque eólico de 50 MW, que es el tamaño más habitual entre los nuevos proyectos que se pondrán en marcha, esto supone unos ingresos adicionales de 100.000 euros cada ejercicio para las arcas municipales. Por lo tanto, los 3.500 MW de energías verdes que sumará la región en menos de dos años tendrán una aportación impositiva de unos 7 millones de euros anuales.

Bonificaciones en obras / En la fase de construcción también entra en juego el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), que suele situarse entre el 3% y el 6% del coste total de la instalación (obra civil). Sin embargo, es muy común que los ayuntamientos negocien bonificaciones de hasta el 95% en este gravamen para atraer a su municipio a los promotores de energías verdes.

La otra gran fuente de ingresos viene del arrendamiento de los terrenos, de lo que se benefician tanto ayuntamientos como propietarios particulares. En los parques eólicos, el coste del alquiler ronda los 6.000 euros al año por un aerogenerador de unos 3 MW, que el potencia más común entre los nuevos proyectos. En Aragón está previsto que se instalen alrededor de 700 molinos de viento hasta el 2020, lo que significa que solo en este concepto las empresas eólica abonarán anualmente unos 7 millones de euros.

En el caso de los parques fotovoltaicos, el arriendo se sitúa entre los 400 y 600 euros por hectárea al año, aunque puede llegar a los 1.000 euros en ciertas instalaciones por las características del terreno o su cercanía a una subestación eléctrica. Las plantas solares previstas que ubicarán en la comunidad en los dos próximo años ocuparán unas 2.500 hectáreas (entre 2 y 2,5 hectáreas por megavatio), lo que supondrá unos ingresos anuales por esta vía de 1,2 millón de euros.

Creación de empleo / Al margen de estos ingresos extra, el empleo se perfila como la otra gran aportación de las renovables al medio rural aragonés. Aunque estas tecnologías no son intensivas en mano de obra una vez finaliza la construcción, los promotores verdes sí generarán un importante nicho de puestos de trabajo al ser tan elevada la potencia que instalarán. Fuentes del sector calculan que con el paquete de proyectos que se desarrollarán hasta el 2020 se crearán entre 1.000 y 1.500 empleos directos e indirectos en tareas de mantenimiento y operación de las nuevas instalaciones, a una media de 0,5 puestos por megavatio. En la fase de construcción, esta cifra se eleva a 7 empleos por megavatio (4 directos y 3 indirectos).