Ecociudad es algo más que la sociedad que se encarga del saneamiento y la depuración de las aguas residuales de Zaragoza y que gira los recibos a los hogares. Es una losa que arrastra el alcalde, Pedro Santisteve, una obsesión por esclarecer unas supuestas irregularidades en una sociedad 100% municipal y que le podría llevar a declarar a los juzgados.
Su calvario comenzó en mayo del 2016, cuando decidió acudir por la puerta de atrás al fiscal para poner en su conocimiento un posible delito. La denuncia se dirigió directamente al gerente de la sociedad, Miguel Ángel Portero, diana de todas las acusaciones, y a otras cinco personas.
Presentó en el despacho del fiscal jefe el expediente de un acta al considerar que había sido falsificada para justificar la ausencia de unas mejoras que tendrían que haberse realizado en la depuradora de La Almozara. Los trabajos estaban valorados en 220.000 euros, según el contrato de Ecociudad con la empresa gestora, Drace. La jueza decretó el sobreseimiento libre y archivo de la causa al no apreciar delitos en los hechos denunciados. El acta se firmó el 9 de abril, aunque se elaboró entre el 8 y el 9 por lo que no hubo falsedad, según la jueza instructora.
El alcalde decidió iniciar un expediente de información reservada -el que acabó en Fiscalía- después de que los concejales Alberto Cubero y Teresa Artigas realizaran una visita a la planta por sorpresa en octubre del 2015. Allí conocieron la existencia del acuerdo de abril y al jefe de la planta, Miguel Ángel López Fatás, su principal testigo. Con lo que no contaba Santisteve era con que se desdijera ante el fiscal. Primero dijo que la reunión del 9 de abril nunca se celebró y luego, que se le había malinterpretado. Cubero y Artigas también tuvieron que declarar.
SIN CASO
El caso se archivó en septiembre del 2016. Durante este tiempo los grupos de la oposición exigieron al alcalde explicaciones. El regidor acudió a la Fiscalía sin previo aviso, ni siquiera explicó el motivo de su denuncia. Santisteve se limitó a dar un cedé a los grupos con el expediente durante un consejo de administración.
Mientras, el Gobierno de ZeC seguía buscando las fórmulas para cesar a Portero. Este era su objetivo principal ya que desde la llegada del cambio a la alcaldía muchos han sido los intentos para lograrlo.
Después de muchos tiras y aflojas entre todos contra ZeC y ZeC contra todos, el PSOE solicitó una comisión especial de investigación, que comenzó el 3 de mayo de este año. Santisteve sacó pecho y dijo que adelante, pero con una condición: que se estudiara la gestión del agua en época socialista. No consiguió los apoyos.
Durante la comisión salió a relucir un informe que ZeC nunca hizo público y en el que se concluía que las mejoras acordadas en abril del 2016 se habían hecho, y correctamente; que nunca hubo cambios en el contrato, como declararon los técnicos; o que Urbanismo auditó el funcionamiento de la planta, no su gestión, tras una orden de la vicepresidenta de Ecociudad, entonces Artigas, algo poco habitual. De las comparecencias de Artigas, Cubero y el propio alcalde poco se obtuvo, ya que o no recordaban o desconocían lo que les preguntaban. Portero denunció acoso laboral.
La comisión terminó con un dictamen que dejó en entredicho la gestión de ZeC al frente de la depuradora. Si esto fue el 31 de mayo, un mes después, Santisteve, Artigas y Pablo Muñoz abandonaron la sociedad. En ese mismo dictamen, aprobado en pleno, se solicitó la redacción de un informe jurídico sobre los posibles delitos en los que podría haber incurrido el regidor. Ahora, ese documento, que le atribuye cinco delitos, se elevará a la Fiscalía.
