Madrid amaneció el viernes 13 de noviembre del 2015 una imagen insólita. Todas las zonas azules desiertas y los parquímetros fuera de servicio. El tráfico en el interior de la ciudad había caído en picado. El ayuntamiento había aplicado, prácticamente sin avisar, el protocolo para episodios de alta contaminación aprobado al final del mandato de Ana Botella. A punto estuvo de ponerse en marcha la siguiente medida en la escala de alertas: la prohibición de entrar en la almendra central (el interior de la M-30) del 50% de los vehículos, según tuvieran matrícula par o impar, pero el cambio de las condiciones atmosféricas lo evitó.

Ni la imagen del viernes 13, ni el veto del 50% de los coches se han visto en ninguna otra ciudad de España. En Madrid, sin embargo, es probable que las veamos próximamente corregidas y ampliadas. La tenue reactivación económica ha disparado los viajes en coche y el equipo de la alcaldesa Manuela Carmena ha endurecido el protocolo de Botella. Los umbrales de contaminación de NO2 que deben superarse para tomar las medidas más drásticas son más bajos e incluyen la prohibición alternativa del 50% de los coches incluso fuera del perímetro de la M-30 y en un caso más excepcional la prohibición total en la almendra central.

El endurecimiento de la normativa ha sido elogiado por los colectivos ecologistas y combatido con fiereza por el Partido Popular.