La marcha atrás del ministerio en la dispensación de asistencia sanitaria de Atención Primaria a los inmigrantes en situación irregular fue acogida con agrado por médicos y colectivos sociales. Ambos consideran positiva la medida, aunque advierten de que todavía hay numerosas incógnitas por resolver y cuestionan que los sin papeles vayan a seguir sin tarjeta sanitaria.

"Es verdad que se les devuelven derechos y que esto da respuesta a algo por lo que llevamos luchando dos años y medio, pero sorprende que les haya costado todo este tiempo entender que, como dicen ellos, es más sensato atender a estas personas en los centros de salud", indicó Katrina Belsué, portavoz de la Plataforma Salud Universal y miembro de SOS Racismo.

El colectivo admite que, pese a todo, mantiene "muchas dudas", como si los inmigrantes irregulares tendrán cubierta o no la asistencia farmacéutica. "Si no es así, será muy grave", avisa Belsué, que insiste en la necesidad de conocer el desarrollo completo de la nueva normativa. "Hasta que no la veamos no sabremos si hay alguna restricción más".

En todo caso, la plataforma promete "seguir peleando" para que los inmigrantes vuelvan a disponer de tarjeta sanitaria "en igualdad de condiciones que el resto" porque, en su opinión, "el derecho a la asistencia sanitaria es un derecho universal y así podía haberlo considerado Aragón ya que lo recoge su Estatuto de Autonomía", subraya Belsué, que considera que la medida adoptada por el ministerio tiene "un alto grado de electoralismo" ya que "las razones que se dan no incluyen ningún estudio profundo sobre el tema".

Los médicos, por su parte, valoran positivamente el cambio de opinión del ministerio, aunque también reconocen que todavía hay cuestiones pendientes de resolver. En su caso, las dudas se centran, sobre todo, en cómo se gestionará la atención a este colectivo si no se le otorga la tarjeta sanitaria. "Habrá que saber dónde vamos a recoger los datos clínicos si no están en el sistema informático del centro", indicó Leandro Catalán, presidente del sindicato de médicos de Primaria Fasamet.

Pero dan el visto bueno. "Ya nos pareció mal excluir a los inmigrantes en el 2012 por ser los más débiles y, además, cualquier enfermedad que sufrieran también podría repercutir en los demás. Era un problema de salud pública en general", dice.