Nuevo varapalo a la política de estabilidad del Gobierno de Aragón. La autoridad independiente de responsabilidad fiscal emitió ayer un demoledor informe en el que califica de "poco probable el cumplimineto del objetivo de estabilidad presupuestaria del 2014", que está fijado en el 1% del Producto Interior Bruto (PIB). Advierte que la desviación a este objetivo puede ser "apreciable". No hay que olvidar que hasta abril la comunidad había alcanzado ya el 0,6%. Y alerta de que las medidas que se están tomando para reconducir la situación no solo son "insuficientes", sino que serán necesarias "adicionales".

Este órgano de fiscalización analiza uno de los borradores del llamado Plan Económico--Financiero (PEF) que la consejería de Hacienda del Gobierno de Aragón ha remitido a Madrid. El Ejecutivo está obligado a hacerlo tras haber incumplido el objetivo de déficit en el 2013. El titular del departamento, Javier Campoy, se negó a dar datos hace pocas semanas en el Parlamento. Sin embargo, sí los revela ahora esta autoridad independiente, que se ensaña con los planes del Ejecutivo autonómico.

PREVISIONES SIN AVALAR En el informe se señala que las "medidas contenidas en el borrador del PEF no solo se quedan cortas para "garantizar la corrección de la situación de desequilibrio registrada en el 2013", sino que además las "previsiones de cierre recogidas en el escenario presupuestario no parecen avaladas por los datos de ejecución disponibles".

La autoridad recomienda al Gobierno concretar las medidas incluidas en el plan económico y "adecuar el escenario previsto al cierre del ejercicio teniendo en cuenta los datos de ejecución presupuestaria del primer trimestre", que son peores de lo que preveía la consejería de Hacienda. Esta adecuación, dice, "puede poner de manifiesto la necesidad de adoptar medidas adicionales".

La comunidad presentó ajustes por importe de 202 millones de euros, se explica en el informe, de los cuales 34 corresponden al aumento de los ingresos y 168 a la reducción de gastos. Una de las novedades puestas en marcha por el consejero de Hacienda, la unidad de control, según dice el informe, afecta solo al gasto de funcionamiento y a los costes financieros. No obstante, y eso no lo había explicado ni Javier Campoy ni nadie del Gobierno, la principal medida no es la famosa unidad de control, sino "una retención de créditos valorada en 148 millones de euros", que requiere "concreción", tanto en lo que se refiere a los conceptos de gastos afectados como a su instrumentación. La autoridad independiente le exige al Ejecutivo que explique qué va a dejar de hacer para ahorrar esos 148 millones. Es decir qué partidas se quedarán sin ejecutar.

Las previsiones de la DGA para este ejercicio también sufren un notable varapalo. El Gobierno prevé incrementar sus ingresos no financieros --impuestos-- en 147 millones, "de los que solo 34 están sustentados en medidas". Advierte el informe que los recursos durante el primer trimestre, lejos de crecer, han caído, por lo que "sería conveniente que se revisase el escenario de acuerdo con los datos de recaudación del primer trimestre".