Julián de Miguel, administrador de la empresa Aranade, admitió ayer que durante la pasada década sufragó la vida de lujo del clan Embarba-Pinilla (coches, picadero de caballos y viajes incluídos) de su dinero. En total, según calcula la Fiscalía, 2,8 millones de euros, más los beneficios de alguna operación urbanística que otra. Lo hizo por la "ayuda inestimable" que le prestó la exalcaldesa Mariví Pinilla cuando le puso al frente del desarrollo urbanístico de La Muela, a través de la empresa Aranade, desde 1997 hasta que estalló la operación Molinos (2009).

Está por ver es si con esta confesión en el juicio por corrupción urbanística reconoce el cohecho que le imputan. Porque según explicó, los pagos no eran un soborno por ninguna irregularidad, sino por esa "ayuda inestimable" de darle libertad de acción. "Me dejó discutir con las contratas hasta el último céntimo", puso como ejemplo. Fruto de este trabajo, explicó, pudo pilotar este boom del ladrillo como "una opción para lucirme para el futuro", como empresario.

CUENTAS CUADRADAS

De Miguel, de hecho, afirmó que "lo volvería a hacer, aunque no así". Mostró cierto orgullo de que el desarrollo de polígonos industriales como Centrovía y de urbanizaciones fuera completo, y con una desviación sobre el presupuesto inicial que "no llegó a un 3%". En un sector, la contratación pública, que suele acabar "como el rosario de la aurora". Véase Plaza, aunque no lo dijo.

Gracias a que se dejó "los cascos" en estos proyectos, que cuando llegó eran "una utopía", se hizo un nombre y una estructura empresarial a nivel nacional. Aunque todo se le haya ido "al garete", y no tenga "dónde caerse muerto".

Sí lo tenía cuando le hallaron en la caja de seguridad 500.000 euros en efectivo y cuatro lingotes de oro, que no explicó para qué iban a servir. O cuando invitó al matrimonio Embarba-Pinilla a un viaje a Uruguay, "de trabajo", defendió.

O cuando les dio 1,7 millones por los beneficios de la venta de un terreno, a través de la empresa Tudela Inmobiliaria, pese a que se desvincularon de ella al ser Pinilla un cargo público. Porque "le había dado mi palabra". También le llega para pagar 400.000 euros de responsabilidad civil, según recordó su abogado, Enrique Trebolle.

"COSAS MAL"

Pese a estos pagos, que no explicó, ni nadie le preguntó, cómo pudo hacer, De Miguel negó que se beneficiara de ningún "pelotazo" en el desarrollo de La Muela. Según fue explicando a la Fiscalía, él solo se quedaba, por los contratos firmados con el ayuntamiento --sin concurso público--, con un 10% de las ventas de terrenos.

Pero hubo un par de operaciones bajo sospecha --por ejemplo, las de las presuntas comisiones que se quedó Carmelo Aured-- de las que se desvinculó, porque las trató directamente la Sociedad Urbanística de La Muela. Aún así, admitió su "parte de culpa" por no haber estado atento a estas ventas.

Sus compras de terreno, afirmó, eran siempre para desarrollar, no para vender. Con la única excepción de una pequeña parcela que acabó vendiendo a una imputada (ya fallecida) --porque "insistió"--, y acabó cobrando de la inmobiliaria madrileña Brocover.

De Miguel exoneró de cualquier responsabilidad empresarial a sus hijos, Julio y David, porque regía sus empresas "manu militari" y ellos eran "uno más". Aunque figurasen como socios, mandaba él. Algo que ratificaron los dos vástagos, economista y arquitecto.