El Gobierno de Aragón y el Ministerio de Educación están negociando el convenio económico para la implantación en la comunidad de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). El departamento preveía unos costes de entre 22 y 25 millones de euros. Pero el Ejecutivo central lo ha elevado hasta los 26, según informó ayer en las Cortes la consejera del ramo, Dolores Serrat. Admitió, eso sí, que los recursos siempre son insuficientes.

Compareció en el Parlamento a petición del PSOE, coincidiendo con el inicio del curso escolar. La consejera se defendió de las críticas recibidas desde algunos sectores de la enseñanza. "No hay caos ni improvisación, ni riesgo", dijo. A juicio de la oposición la implantación de la ley se ha hecho de forma "precipitada y sin planificación". Serrat no aceptó las reservas de los grupos de la izquierda; pidió tiempo para juzgar a Lomce, y recordó que su aplicación en Aragón se hará de forma "espaciada", desde este curso hasta el 2017--2018. Durante este periodo se invertirán los 26 millones. En el ejercicio actual solo se ha presupuestado un millón. La ley, en su opinión, tiene herramientas para aportar soluciones a distintas cuestiones, como el fracaso escolar y el bajo nivel de excelencia.

La consejera solo reconoció que se ha tenido que trabajar "en un tiempo récord". Aseguró que en su departamento están preparados, y que en este curso la nueva ley solo afecta a Primaria y a la implantación de la nueva Formación Profesional Básica (FPB). Serrat, ante los reproches de la oposición, que calificó la situación de caótica, indicó que su departamento ha puesto a disposición una guía sobre el nuevo currículo en Primaria, material visual que explica los objetivos de la Lomce y un documento dirigido a los educadores sobre programación didáctica en Primaria, material que ha invitado a que sea visto por la comunidad educativa. "Panfletos", en opinión de la portavoz del PSOE, Mayte Pérez. Reconoció la consejera que el verdadero "reto" será el desarrollo de la aplicación de la Lomce en Secundaria, que el Gobierno central tiene previsto presentar a finales de octubre.

Mayte Pérez fue la más dura con la gestión de la consejera. Le recordó que por primera vez en la historia de la comunidad los alumnos no han empezado a la vez las clases en Aragón. Lo decía en alusión a lo ocurrido en La Almunia, donde el retraso en la construcción del colegio ha obligado a retrasar el inicio de las clases para indignación de los padres. Con este ejemplo quería denunciar e ilustrar la "implantación express" de la Lomce, que está llevando al "caos" al sistema educativo, como se ha puesto de manifiesto con los problemas que se han producido en el comienzo del curso fruto de la "falta de planificación y revisión", lamentó.

Adolfo Barrena (IU) fue también crítico con "la falta de previsión y la improvisación", con la que Educación ha actuado con la ley. Lamentó los problemas que se han producido en este inicio de curso y puso en cuestión el modelo de aprendizaje de la Lomce que definió como "memorístico". Para Gregorio Briz (CHA) los 26 millones que prevé el ministerio son "insuficientes" y calificó la Ley Wert de "recentralizadora".