El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, aceptó ayer, finalmente, que la reválida de final de Bachillerato prevista en la LOMCE sea una prueba prácticamente idéntica a la Selectividad que han hecho hasta ahora los estudiantes que querían acceder a la universidad. El titular de Educación cedió también a la presión de las comunidades autónomas contrarias a la reforma educativa y permitirá que las pruebas externas de final de Primaria, que se hicieron por primera vez en toda España el pasado mayo, sean a partir de ahora de carácter muestral, lo que implica que no son obligatorias para todos los alumnos.

Méndez de Vigo se reunió ayer con los consejeros de las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación para debatir el borrador del proyecto de real decreto ley que modifica la LOMCE para que la evaluación final de la ESO sea muestral y no censal y la de Bachillerato se asemeje lo más posible a la Selectividad, con solo seis exámenes y únicamente de las materias troncales de 2º y no de los dos cursos, como establece la ley.

Fp básica // Los alumnos de FP básica, por su parte, tampoco necesitarán realizar la prueba de ESO para conseguir el título de Secundaria, sino que el profesorado considerará si reúnen las condiciones para ello. Además, el título de ESO será «único», con los mismos efectos sea cual sea el itinerario académico elegido por los alumnos en cuarto curso.

La prueba de Bachillerato servirá para regular el acceso a la universidad, será sobre seis asignaturas troncales de 2º de Bachillerato y parecida a la anterior Selectividad; se superará con una nota media de 4.

La LOMCE, hasta ahora, establecía que los alumnos que quisieran conseguir los títulos de ESO y Bachillerato deberían superar, a partir del curso 2017-2018, las evaluaciones finales esas dos etapas, por lo que los sectores opuestos a las mismas las denominan reválidas. Méndez de Vigo indicó que el acuerdo consiste en suspender los efectos académicos de las evaluaciones mientras que se llega a un pacto educativo nacional.

Este documento, dado a conocer el pasado viernes 18 de noviembre, ya ha pasado por la Comisión General de Educación, que es la que reúne a los directores generales autonómicos de Educación y Universidades. La parte que se refiere al acceso a la universidad, el ministro la ha consensuado también con los rectores, con los que el jueves 24 selló un acuerdo para que sea lo más parecida posible a la actual Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

El escenario de cara a la reunión de ayer entre el Gobierno y las comunidades autónomas ha cambiado en el último mes, no solo por las modificaciones previstas para las reválidas, sino porque, el pasado viernes, PP, PSOE y Ciudadanos presentaron en el Registro del Congreso de los Diputados una propuesta conjunta para la creación de la subcomisión para Pacto de Estado por la Educación, cuyo texto señala que dicho acuerdo servirá de base para una nueva ley educativa que sustituya a la vigente.