El sector de los servicios sociales está inmerso en un proceso de cambio profundo y de largo alcance, tanto con respecto a los retos que se está proponiendo afrontar, como por las dimensiones cuantitativas del cambio. Una de las piezas sobre las que este se articula es el desarrollo de la llamada ley de dependencia, aunque no sea la única.

El actual despliegue de políticas públicas de servicios sociales es el más importante que se realiza en el ámbito del sistema público de bienestar social desde la implantación de los sistemas de salud, educación y pensiones, que datan de los años 80. Esta nueva etapa de construcción del Estado del bienestar plantea retos para la gobernanza del proceso, tanto a nivel del Estado como de las comunidades autónomas y los gobiernos locales.

En sus inicios, la ley de dependencia abría una importantísima puerta a la esperanza de muchos ciudadanos porque se trata de un sistema que reconoce derechos subjetivos bajo los principios de universalidad y de responsabilidad pública. Es decir, servicios públicos que pueden producirse directamente por la Administración o por el sector privado (colaboración público-privada), pero que en este último caso son regulados ¿supervisados? y evaluados por la Administración.

Entendida de esta forma, la colaboración público-privada incorpora al sistema de la dependencia el conocimiento de la especialización del mercado que permite una mejora de la ratio de eficiencia en la prestación de servicios de atención a las personas con dependencia, manteniendo la responsabilidad pública los servicios.

LOS NUEVOS recortes decretados por el Gobierno prevén un incremento de un 5% de las aportaciones de los usuarios. Lo que implica el riesgo de que el catálogo de prestaciones se reduzca hasta convertir la prestación vinculada al servicio en la prestación principal: son los ciudadanos los que deben buscar los recursos que pueden pagar con la cantidad de dinero que la Administración les dé y con sus propios ingresos.

Para que este sistema funcione necesitamos que se den unas determinadas premisas: que el sector privado sea muy maduro, que podamos garantizar los estándares de calidad de los diferentes operadores y también los criterios éticos de esos mismos operadores.

Todos estos requisitos, hoy por hoy, no se dan y, por tanto, no se trata de un buen servicio. La Administración debe controlarlo y supervisarlo, así como evaluar la prestación de servicios para atender la dependencia. Analizando los anteriores recortes y de confirmarse las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno, los servicios sociales resultantes quedarían lejos del concepto que implica la definición de Estado de bienestar, es decir, del modelo establecido en la propia ley de dependencia.