La indignación desatada el jueves por la sentencia de La manada dio paso al día siguiente a la reflexión. Abogados, jueces y fiscales disconformes con el fallo del tribunal coinciden en reclamar una mayor formación de los magistrados en los delitos contra la mujer e incluso una mejor selección a la hora de otorgarles la plaza. La mayoría, pero no todos, también ven necesaria, además, una reforma del Código Penal como la que estudiará el Gobierno, encaminada a tipificar como agresión sexual y no como simple abuso conductas como la de los condenados, que el propio tribunal relata con todo detalle en el capítulo de hechos probados.
Quizá quien con más precisión resumió las dos propuestas ha sido el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, pese a que ha sido atizado desde algunos colectivos por un supuesto corporativismo al defender la profesionalidad de los magistrados que componen el tribunal y ha calificado de desmesura la millonaria recogida de firmas para exigir su inhabilitación.
La clave reside en que para el delito más grave, el de agresión sexual, debe apreciarse que haya existido, o bien violencia, más allá de la que comporta una penetración no consentida, o bien intimidación. «Los jueces han entendido que al no existir una amenaza expresa verbalizada no existía la intimidación. Mi opinión es que esa aplastante superioridad numérica y de fortaleza física de cinco hombres que la acorralan con engaños en un habitáculo cerrado, asfixiante, objetivamente a cualquier mujer le supone un elemento intimidatorio. El propio tribunal reconoce que la bloquea mentalmente», admite, pero señala que el problema no es solo de los magistrados sino de «una jurisprudencia que históricamente ha sido poco respetuosa con la protección de los mujeres y que en este caso tampoco lo es».
¿La solución? Triple, a juicio del magistrado: que el Tribunal Supremo rectifique esta jurisprudencia cuando le lleguen los recursos, reformas legales que «precisen estos detalles» y formación específica sobre la violencia machista para los jueces.
Otros van un poquito más allá, como Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la asociación de Mujeres Juristas Themis, para quien también es necesario mejorar los «sistemas de selección».
«No puede ser que las oposiciones consistan tan solo en recitar textos de memoria. Se debe analizar la experiencia vital de los candidatos. Para juzgar a personas hay que estar en la vida. Y también se deberían realizar análisis psicológicos», apunta la letrada, que no es partidaria de modificar de nuevo la legislación porque «las reformas no resuelven nada» si no se cambia la mentalidad de la judicatura. El Consejo General de la Abogacía apunta en la misma línea que Jueces para la Democracia, aunque con mucha más rotundidad. Su presidenta, Victoria Ortega, asegura que «el concepto de violencia que se recoge en el Código Penal para los delitos de naturaleza sexual contra las mujeres es absolutamente arcaico y estereotipado», si se tiene en cuenta que Naciones Unidas lleva años defendiendo que violencia es simplemente «violentar la voluntad», sin distingos entre si se intimida, se pega o no para conseguirlo. Por ello, la especialista pide un tipo general para todas las agresiones sexuales, agravado con determinadas circunstancias.
Ortega se pregunta por qué «para otros delitos, por ejemplo el robo, se recomienda a las víctimas que no opongan resistencia para evitar males mayores, mientras que sí hay que resistirse, a veces hasta la muerte, para que haya agresión sexual».
CUMPLIR LOS CONVENIOS
El Convenio de Estambul dice en su artículo 3 «violencia contra las mujeres […] designara todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada». Al estar suscrito por España en el 2011, este convenio es de aplicación por parte de los tribunales españoles.
La formación de los jueces también está prevista en el pacto de Estado contra la violencia machista firmado por todas las fuerzas políticas el año pasado. Bastaría con aplicarlo, pero el Gobierno no parece interesado.
LEYES ‘MASCULINAS’
La abogada y miembro de la red Activat Red de Abogad@s, Berta Barcía, considera que el «legislador» ha redactado las leyes desde un punto de vista «masculino» de forma que no ha tenido en cuenta que hay «actos intimidatorios» que no requieren violencia física. Soledad Murillo, secretaria de Igualdad con José Luis Rodríguez Zapatero, insiste en que la «violencia sexual es la única donde recae en la víctima la carga probatoria». «¿Esto no supondría un punto de partida para repensar el Código Penal? ¿No es el consentimiento un elemento que ofrece un amplio margen a la judicatura? ¿No sería deseable que expertos que atienden a las mujeres asaesoren en la adecuación del código?», se interroga.
