El decreto ley del Gobierno central que el pasado día 3 permitía a más de 300 municipios de Aragón revisar el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y encarecerlo hasta un 8% en algunos casos, genera más dudas que satisfacciones a los posibles beneficiarios. Algunos incluso se llegan a sentir afectados, por una medida que el Ejecutivo de Mariano Rajoy justifica con la petición que numerosos consistorios dirigieron a Madrid. Porque ahora consideran que se ha manipulado una demanda de las entidades locales para reducir el déficit de las Administraciones públicas. Que la recaudación aumentaría si ellos no lo evitan pero que solo servirá para pagar a los bancos y que, en caso de no tener deuda que aminorar, será complicado destinarlo a la mejora de los servicios o inversiones.
El IBI representa en muchos casos más dl 40% de los ingresos municipales, con él se sufragan los elevados costes de personal y bienes corrientes que recibe el ciudadano pero después de varios años con medidas correctoras en las valoraciones de los inmuebles e incluso castigos en forma de multas a aquellos que no actualizaron la ponencia de los mismos, ahora reciben esta patata caliente que amenaza con soliviantar al contribuyente, sus vecinos.
POCO MARGEN
La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) ya está analizando el contenido de este decreto ley que ha cogido a todos los municipios de puente festivo. Por eso los pueblos lamentan la «confusión» que genera esta nueva orden del ministro Cristóbal Montoro, por la falta de información que está llegando a los consistorios, y el poco margen que les deja a ellos para actuar. En el caso, y son muchos los ejemplos que ya lo sopesan, de que quieran impedir a toda costa la subida de un recibo que subiría un 4% de media y del doble en los casos más extremos.
El motivo de este malestar es asistir a cómo Hacienda les aboca a la subida de un recibo que, si bien aumentaría los ingresos no financieros de sus arcas municipales, en estas fechas, puede acabar repercutiendo para nada en el bolsillo de los ciudadanos. La razón, la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEP) que fija un techo de gasto por el que un consistorio no puede rebasar el 2% de los dedicado el año anterior para gasto no financiero.
Si sus ingresos aumentan el presupuesto por encima de ese límite, el excedente solo se puede dedicar a amortizar deuda, en el caso de que la tengan, o a inversiones financieramente sostenibles. Ni mejorar servicios --porque aumenta el gasto corriente-- ni a proyectos que no tengan esa sostenibilidad.
«Afortunadamente hemos conseguido ser sostenibles. Con nuestros ingresos, podemos permitirnos mantener los servicios que prestamos e ir reduciendo la deuda municipal. En nuestra situación, si pudiéramos invertir, nos vendría bien, pero así, para que lo tengan los bancos, es mejor que lo tengan los vecinos», explicó a este diario el alcalde de uno de las localidades afectadas. El suyo es solo uno de la mitad de municipios aragoneses en los que el incremento del recibo del IBI está en el aire. Si no se hace nada, se aplica de forma inmediata.
Actuar significa modificar el tipo impositivo, única variable del impuesto que puede tocar un ayuntamiento para compensar subidas impuestas desde el ministerio o tras la revalorización catastral. «Es verdad que los valores deberían actualizarse más en España, que hay municipios que llevan desde los años 90 sin revisarlos», reconoció otro, «pero el Catastro debería preocuparse también por otras disfunciones que hoy se están dando, como familias que hoy están pagando un IBI urbano cuando su casa está en suelo rústico y al revés», explicó. ¿Quién arregla estos casos?
PAGAN UN 40% MENOS
Algunos municipios fueron penalizados en los últimos tres o cuatro años por no actualizar sus valores catastrales y otros llevan ese mismo periodo contrarrestando subidas del recibo que iban a ser de entre el 13% y el 16% cada año. «Ahora nuestros vecinos pagan un 40% menos de lo que deberían por la imposición del Ministerio de Hacienda, gracias al esfuerzo de su ayuntamiento», añadió otro alcalde. Dinero que no pagan y que el consistorio no ingresa.
Así que el real decreto ley ha caído como una bomba de relojería en esos 356 municipios de Aragón, que tienen menos de un mes para decidir si incrementan su recaudación a costa de sus vecinos o corrigen el aumento del valor catastral con la bajada del tipo impositivo.
Un dilema que, por fortuna para Zaragoza, la capital, solo afecta a las actualizaciones anteriores al 2011. El suyo es un caso paradigmático: su última revisión entró en vigor en 2013, cuando llevaba ya cinco años incumpliendo la ley --obliga a hacerlo cada diez años y le tocaba en el 2007--, y tras la subida se dedicó tres años a congelar el recibo. Los que le dejó las bonificaciones. Eso suscita otra duda: ¿tendrán esos tres años los municipios afectados ahora?
