El futuro del sector minero-eléctrico del carbón, que en Teruel supone el 40% del PIB de la provincia y sostiene de manera directa unos 600 empleos, será una de las patatas calientes de la cartera energética a las que debe enfrentarse el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. La designación de Teresa Ribera como ministra de Medio Ambiente y Energía es visto con expectación y, en algunos casos, una cierta indiferencia desde este subsector industrial, resignado a que su fin está cada vez más cerca. Es por ello que este nombramiento no parece generar rechazo a pesar de su perfil en favor del abandono del negro mineral. Lo más importante, según los agentes económicos, sociales y políticos de los municipios que dependen de esta actividad, es el impulso del definitivo plan de reconversión, con una dotación económica suficiente y mayor rigor técnico que los del pasado.
«Peor de lo que lo hecho el PP con el carbón no se puede hacer», asegura Joaquín Noé (PSOE), alcalde de Ariño, el principal municipio aragonés que dependiente del carbón junto con Andorra. «Debe hacerse una transición energética justa. Sabemos que el carbón tiene un final, pero hoy por hoy no es prescindible», sostiene. En su opinión, así lo defiende su partido, pero el contexto para que el carbón turolense siga vivo es difícil.
Todo depende de que Endesa haga la inversión millonaria que requiere la térmica de Andorra para seguir funcionado a partir del 2020. «La empresa eléctrica de momento no esta por la labor», recuerda. Pero sea en el 2020, el 2025 o el 2030 cuanto el sector se apague, lo fundamental para Noé «es que no nos dejen en la estacada». «Son muchos años en los que esta zona de Teruel ha aportado recurso, trabajo y energía para generar electricidad para toda España. Debe haber justicia con los pueblos mineros», reivindica.
Desde los sindicatos, Hilario Monbiela (UGT), presidente del comité de la térmica, reclama también un plan de reindustrialización «bien hecho» para las zonas mineras, con una valoración técnica y rigurosa de las infraestructuras que se necesitan y de las posibilidades de los recursos endógenos para generar riqueza. Al mismo tiempo, no pierde la «esperanza» del mantenimiento del carbón hasta el 2030, algo que se puede conseguir «si se convence a la Comisión Europea de que es necesario para España como garantía de suministro». «El tiempo se nos acaba», advierte.
Antonio Montoyo, responsable de minería de CCOO Aragón, espera que «cuanto antes» se retomen las negociaciones con el Ministerio de Energía para elaborar el nuevo plan del carbón (el actual espira este año). «Queremos tener algo firmado antes de final de año. Ahora no sabemos que pasará», señala. En su opinión, si se decide dar al traste con el sector, el Gobierno debe garantizar «una salida no traumática para todos los trabajadores» y ofrecer alternativas económicas a las zonas afectadas. «La voluntad política es imprescindible», señala.
