El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) decidió ayer hacer una exhibición de transparencia sacando a la luz la providencia que alertaba de la investigación abierta por la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza. Las frases "facilitaremos toda la información que se nos pida cuanto antes" o "no hay nada que ocultar" demuestran la tranquilidad con la que afronta este vendaval quien ahora ostenta el bastón de mando.

No es casual, porque el momento es propicio para la calma en ZeC. A un mes de las elecciones generales, con el PSOE en el punto de mira de las pesquisas por la gestión bajo el mandato de Juan Alberto Belloch y, sobre todo, con Fernando Gimeno al frente de las finanzas. Por las manos del actual consejero de Hacienda de la DGA pasaban todas esas certificaciones de obra. Aunque fuentes de su entorno aseguraron ayer a este diario que él "está muy tranquilo porque el contrato fue perfecto en la adjudicación y ejecución, no puede tener ningún pero judicial".

A Gimeno le reclaman ahora que pague los 40 millones de euros que adeuda el Ejecutivo por ese contrato y la investigación judicial apunta a lo mismo que alega él para no pagarlos: el coste final de la obra fue inferior al de adjudicación.

¿Cuánto costó de verdad?

Pero el problema para el PSOE ahora va más allá de este cambio de criterio. Su verdadera dificultad es que en esta corporación ya no es tan seguro que cuente con el arropo que durante años le dieron CHA e IU. Ahora ZeC no despeja las sombras de sospecha que lleva años sembrando el PP sobre esta obra. Aunque, con tanta duda, ya nadie se atreve a asegurar cuánto costó realmente.

La táctica de la tinta de calamar fagocitada desde dentro. Con un Gobierno que, en boca de Fernando Rivarés, su portavoz y responsable de las finanzas, ayer no sabía ni que la sociedad de economía mixta, de la que es accionista, había recibido otra petición de información pero referida al contrato suscrito con FCC y Acciona para ejecutar las obras. O el origen de esta petición de la Fiscalía. Solo manifestó su voluntad de cooperar en lo que haga falta y empezar con unas certificaciones de obra que "ya hemos pedido", pero que aún no tienen.

Ahora bien, hacerlo coincidir el anuncio con el día en el que Rivarés ha dado orden de pagar los 14,85 millones de euros de esta anualidad, o reiterar que si Gimeno no paga, la ciudad tendrá que hacerlo por la DGA, no deja de ser llamativo. Si se rubrica con que espera que estas diligencias judiciales no estén relacionadas ni afecten a lo que se discute de esa deuda, deja bien claro cuál es su preocupación en este asunto. Es lo que tiene no tener pasado. Pero sí presente: el presupuesto sigue en el aire.

El PP lo que tiene es memoria. Ayer su portavoz, Eloy Suárez, exclamaba que "por fin vamos a saber la verdad" tras "tres años pidiendo eso y nos encontramos con un frontón". "Si costó menos, ¿por qué el ayuntamiento pagó más? Eso en el Código Penal tiene una tipificación que hoy voy a obviar", apostillaba.

Y el concejal Sebastián Contín ayer en la Comisión de Urbanismo y Movilidad estaba muy interesado en hablar del tranvía. Y aclarar por qué Luisa Fernanda Rudi dejó de pagar en el 2012. Según dijo, porque el PSOE dejó de enviar certificaciones de obra a la DGA tras la ejecución de las obras de la plaza España.