Las penas que se imponen a los delincuentes de internet «son injustas y mínimas». Así de tajante se muestra Silvia Barrera, inspectora de la Policía Nacional y jefa de la sección técnica de Unidad de Investigación Tecnológica (UIT), que conoce de primera mano el trabajo de rastreo de datos para identificar a los autores de delitos que se cometen en la red desde el anonimato. Detrás de perfiles falsos, los acosadores se crecen mientras que las víctimas de sus amenazas se sienten desprotegidas hasta el punto de optar por suicidarse.
En España se registraron en el 2015 más de 60.000 denuncias por delitos cometidos en internet, de las que solo 20.000 llegaron a la Fiscalía y el resto, 40.000, se amontonaron en comisaría por falta de autor conocido. No obstante, de esas 20.000 solo cerca de 130 denuncias, que no significa sentencias, llegaron a juicio, según un informe del Ministerio del Interior de ese mismo año. «Por lo tanto, solo un 1,5% de los casos que nos llegan se resuelven ante un juez. Una cifra ínfima», destaca la agente especializada en estas pesquisas.
La pregunta es: ¿Qué tipo de casos se investigan entonces si la mayoría de denuncias que recibe la Policía sobre ciberdelitos no tienen autor conocido? La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece en el artículo 284 que «cuando no exista autor conocido del delito» la Policía no debe enviar la denuncia a la Fiscalía, desde la última reforma de este texto, que entró en vigor el año pasado. Excepto cuando el delito atente «contra la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad» de la persona.
El equipo policial de la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) solo puede investigar casos de ciberdelincuencia con una orden judicial puesto que realizar este tipo de investigaciones exige vulnerar derechos. «Por ejemplo, tendríamos que indagar en perfiles de Facebook o Twitter, e incluso pedir huellas a estas redes sociales», explica Barrera, también autora del libro Claves para la Investigación de Redes Sociales.
PROBLEMAS DE ACOSO
«Considero que los temas de acoso son los que más hay que destacar. Da mucha impotencia porque ves cómo las víctimas sufren y el trato que se les da es injusto», destaca la agente. «Cualquier acto de violencia se multiplica por mil en las redes sociales y corre el riesgo de convertirse en conductas imitatorias», añade. Las posibilidades de las redes sociales convierten en contínuo un infierno que antes, al menos, podía limitarse a las horas lectivas.
El departamento de la Policía en Madrid dedicado a este tipo de delitos informáticos ronda los 80 miembros, «sin contar las demás unidades desplegadas por España, pero poco más», dice la inspectora. «A diferencia de países como el Reino Unido o Holanda que son más de 1.000 personas», añade.
La falta de medios se agrava cuando estos agentes han de ocuparse del creciente número de estafas y otros delitos que se cometen también, cada vez en mayor medida, por internet.
