--Varios colectivos les reclaman dinero que les deben. Es el caso de los disminuidos psíquicos y de los institutos. ¿Han gestionado bien estos impagos?

--El dinero saldrá de las arcas autonómicas. Pero esta morosidad no es imputable al Gobierno autonómico, sino al Ministerio de Hacienda que no nos paga el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). No me gusta recurrir a la herencia recibida, pero nos dejaron una situación que ya era difícil antes con el PP y que lo sigue siendo ahora. Las finanzas autonómicas son insuficientes, lo que impide cumplir con los pagos. Pero en el caso de los disminuidos psíquicos les pediría que tuviesen el 10% de paciencia conmigo que el que tuvieron con mi antecesora --Luisa Fernanda Rudi (PP)--. Hay quien tiene más facilidad y se divierte más protestando contra gobiernos socialistas que contra los de la derecha. Hemos cumplido con los pagos atrasados. Y no existen motivos para este tipo de reacciones.

--¿Hay margen para seguir aplicando la ley de dependencia con garantías?

--En función de cómo vayan evolucionando las finanzas autonómicas. Para qué nos vamos a engañar. Este Gobierno tiene un mayor compromiso para aplicar esta ley que el anterior porque siempre hemos creído en ella, tiene nuestro sello. Nos esforzaremos por cumplir, pero va ligado al presupuesto.

--¿Pero no es contradictorio decir que el gasto social es prioritario mientras se debe dinero a los colectivos?

--Yo no puedo trasladar el mensaje equívoco y engañoso de que está en mi mano solucionar los problemas que tiene la comunidad en relación a las políticas sociales y mis propias prioridades. En este momento tenemos tal dependencia financiera del Estado que somos incapaces de dar respuesta por nosotros mismos.

--Y el Estado de Bruselas, y Europa del FMI. Es una cadena.

--Pero aquí cada uno tiene su parte de responsabilidad. El Estado hace años que debería de haber rechazado las políticas de austeridad. A mí antecesora no le reprocho que generara déficit, sino que no fuera belicosa con las exigencias del Estado. El déficit era imposible de cumplir, pero debería de haberse plantado. Ahora nos hemos plantado y al Gobierno no le queda más remedio que dar marcha atrás.

--Si el problema para poder llegar a todos los servicios es el modelo de financiación, y este no se va a cambiar a corto plazo, ¿estamos ante una legislatura perdida para las comunidades?

--Esta no va a ser una legislatura perdida en ningún caso. Se va a poder avanzar, si existe voluntad política, en muchas políticas sociales y materias. Aragón puede recuperar mucho ranking perdido en influencia nacional. Vamos a tener un pequeño respiro si nos dan margen con el déficit, aunque no se podrán solucionar todos los problemas estructurales.

--¿No ofrecieron mucho dinero a muchos colectivos teniendo en cuenta lo que había y luego han hecho un presupuesto ficticio, que hay que cambiar sobre la marcha?

--El único error que cometimos es el de las comarcas. Y lo hemos dicho desde el principio. Nosotros planteamos un presupuesto que era el nuestro y luego las Cortes lo modificaron.

--¿Pero la paga extra la habían pactado con los sindicatos?

--No, no. Nos habíamos comprometido para pagarla a final de año si había margen, dejando el interrogante de lo que ocurriría con las finanzas autonómicas. Pero llegamos a las Cortes se nos impuso otra solución. Y no lo planteo como una queja.

--¿Cómo van a solucionar la falta de dinero en la justicia gratuita?

--Se harán las adaptaciones presupuestarias correspondientes. Es una obligación del Gobierno pagarla y así lo haremos.

--¿Van a externalizar la asesoría de las mujeres maltratadas?

--A veces se debería ser más riguroso por parte de los grupos y del colegio de abogados que es quien plantea la queja. No es que se vaya a externalizar, es que legalmente esa asesoría no se puede dar al colegio porque eso sería prevaricar. Y eso quien mejor lo sabe es un abogado.

--Pero hasta ahora no era así.

--Es curioso. Habría que preguntar a los técnicos por qué antes se podía y ahora no. Pero creo que están aplicando la ley de forma rigurosa.

--¿Tiene el Gobierno posibilidad real de dar respuesta a las demandas del territorio, como Motorland en el caso del Bajo Aragón o la nieve en Huesca?

--La gente entiende las dificultades. Motorland me preocupa. No seremos quienes bajemos la persiana, pero lo cierto es que sabemos el coste que tiene para las arcas públicas. Lo que estamos haciendo es buscar patrocinadores privados. Hay contactos y conversaciones, algunas esperanzadoras. En otros casos, como en la nieve, tenemos que aprovechar para planificar porque no hay dinero para invertir.

--No teme decepcionar a esos colectivos o ciudadanos a los que se ha prometido una apuesta clara por los servicios, pero en cambio hay que poner siete millones de euros en Motorland, mientras no se puede pagar a los disminuidos psíquicos, por ejemplo?

--Yo creo que no habrá enfados, aunque algunos son congénitos, prácticamente inevitables. Pero hay enfados que pueden estar motivados y que hay que ponerles solución poco a poco. El único compromiso serio que pueda considerarse nuevo es el de la renta social básica a la que buscaremos encaje sí o sí. En el resto de asunto les iremos dando solución y de hecho lo estamos haciendo. Se van cubriendo etapas, pero no con los estándares previos a la crisis. La gente cuando se le explican las cosas lo entiende, pero hay actitudes que son insaciables.

--¿Va a ser necesario recurrir toda la legislatura a los conciertos con la privada para reducir la lista de espera sanitaria?

--Apostamos por la sanidad pública. Y lo hemos demostrado revirtiendo el expediente de contratación del hospital de Alcañiz. En el horizonte óptimo el sistema debería ser capaz de prescindir de cualquier tipo de concierto con el ámbito privado, como ocurre con la educación. Pero si es necesario se hará. No hay ningún dogma en ese sentido.

--¿Los hospitales de Alcañiz y de Teruel se harán este año?

--Este año se tienen que contratar las obras de los dos.