La Administración lleva años de retraso con una oferta de empleo público (OPE) en la que no siempre han contado con el respaldo de los sindicatos. En el trasfondo del debate está el conflicto de intereses que genera apostar por la consolidación de los puestos de trabajo que ahora ocupa el personal interino y la amenaza que estos trabajadores sin plaza de funcionario sienten por ver peligrar un puesto que, en muchas ocasiones, llevan años desempeñando.
Cualquier herramienta legal ha sido clave para echar abajo convocatorias que llevaban esos mismos años a la espera de examen. Con aspirantes, ahora fuera de la Administración, preparándose para una cita que nunca llegaba y que, en algunos casos, cuando se decidía a realizarla un ayuntamiento o la DGA, acababa paralizada en los tribunales. El apoyo de este personal interino ha dado alas a nuevas formaciones sindicales que han logrado presencia en la representación de los trabajadores, mientras las academias que se dedican a formar a los pretendientes de estas plazas de funcionario alertaban del perjuicio que les estaba causando la demora. Estos, además, pagan tasas por tener derecho a un examen que nunca llega, mientras en Madrid, en los años de más dureza de la crisis, se amenazaba con reducir el número de interinos. Algunas comunidades autónomas siguieron esa estela.
Sin embargo, las oposiciones generaban conflictos al Gobierno de turno que, a nivel municipal o autonómico, apostara por desbloquear tantos años de espera. Es el caso de Zaragoza, que en el último año ha visto como los jueces paralizaban examenes de oposición a petición de la Delegación del Gobierno en Aragón o de los propios sindicatos municipales. En base al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que decía que el consistorio tenía tres años para cumplir con una OPE ahora caducada. El impulso que se pretendía entonces es el bloqueo de ahora.
