El Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) está enfrentando al Gobierno de Aragón contra todos. La tensión se incrementa cada día, con cada declaración de un bando y de otro. Es lo que sucedió ayer después de que la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) amenazara este miércoles con acudir a los tribunales si el Ejecutivo autonómico no paraliza el cobro de este impuesto. El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, calificó de «impropia» esta advertencia de los representantes de los consumidores.

Según el consejero, la asociación, con sus declaraciones, solo genera más confusión y perjudica el interés general.

Con más de 300.000 recibos en circulación y alrededor 7.000 recursos presentados por contribuyentes, desde la UCA instaron este martes al Gobierno de Lambán a que paralice los recibos de este tributo «en toda la comunidad autónoma» hasta que se revise de forma consensuada el plan de depuración. En caso contrario, advirtieron de que acabarán en los tribunales ya que, consideran, hay argumentos suficientes para acudir al contencioso. De hecho, la UCA ya ha abonado y recurrido su recibo. Aconsejan que, aunque se vaya a recurrir, se pague a tiempo para evitar embargos o que la cantidad aumente.

Según el consejero, se está llevando a la ciudadanía a un escenario «impropio» de una sociedad democrática con la polémica que está surgiendo ante la negativa del Ayuntamiento de Zaragoza a pagar este tributo y de las entidades de consumidores, que están motivando las movilizaciones en contra.

Insistió en que no existe una duplicidad del pago y que todo el dinero recaudado del ICA está destinado al ciclo del agua. Desde el consistorio aseguran que se trata de un impuesto injusto ya que los zaragozanos ya han pagado su depuradora.

Olona también tuvo palabras sobre el tuit del concejal de Vivienda y Deportes, Pablo Híjar, en el que aparecía rompiendo el recibo del ICA acompañado de la etiqueta YoNoPago. El consejero explicó que no es una infracción tributaria pero que podría constituirse como delito y por ello, señaló que «es hora de poner orden en esta cuestión».

El Gobierno autonómico se enfrenta a una movilización en contra del polémico impuesto.

La Red de Agua Pública de Aragón (Rapa) ha convocado para el 4 de febrero una marcha que finalizará ante la sede del Ejecutivo aragonés. El lema de la protesta será Gestión pública y eficiente del agua, precios justos.