"La Policía está registrando la sede de la UTE de Arcosur". Así llegó hace justo un año la primera información, apenas un breve, sobre lo que luego se destaparía como el mayor caso de (presunta) corrupción conocido en Aragón. Aquella mañana aún no se sabía si el registro era por la construcción del propio barrio --la junta de compensación se apresuró a desmentirlo--, ni si había detenidos. Pero, cuando trascendió que los que comandaban el operativo de los policías --más tarde identificados como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal-- eran de la Fiscalía Anticorrupción, el tema apuntaba alto.
Fue un terremoto extraño, porque el daño ya estaba presuntamente hecho, pero las grietas no se vieron hasta que los agentes comenzaron a peinar concienzudamente los contenedores de la UTE. El epicentro, el de la investigación, se situaba un mes antes en Madrid, con la denuncia del gerente de Plaza, Jesús Andreu, el 19 de julio. Y con la aportación, diez días más tarde, del extrabajador de la UTE Francho Chabier Mayayo.
Por aquel entonces, lo que trascendió tras las llamadas y las esperas de rigor fue que los trabajos de la urbanización de Plaza --que ya habían pasado por los tribunales por vía civil, sin mucho resultado-- habrían visto aumentado su coste previsto en 50 millones de euros. Y el que ya aparecía como principal responsable era el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, detenido en Salou.
Llegó detenido a Zaragoza con un look playero propio de sus interrumpidas vacaciones, tratando de ocultar las esposas con un jersey. Antes, la Policía ya había registrado su ático costero y descubierto los 400.000 euros en billetes pequeños que ocultaba bajo el colchón. Los agentes le escoltaron en el registro de su vivienda que, junto a las sedes de Intecsa-Inarsa y Acciona, completaron los de aquella jornada.
Junto a él fueron arrestados dos personajes por entonces desconocidos, el director técnico de la plataforma logística, Miguel Ángel Pérez y su homólogo en la empresa supervisora de las obras --Intecsa-Inarsa--, Nico Groeneveld. Los tres comparecieron ante el juez y fueron puestos en libertad al día siguiente, contra el criterio de la Fiscalía.
Con esta operación relámpago comenzó una lista de imputados a la que pronto se sumaron los dos exgerentes de la UTE de Plaza, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, y a la que se irían sumando el exconsejero delegado de Plaza Carlos Escó, la mujer e hijas de García Becerril, cargos técnicos y empresarios presuntamente compinchados con la trama hasta sumar los 21 actuales. La información fue creciendo hasta alcanzar un volumen solo comparable al que generaba la venta del Real Zaragoza.
Mientras se iban conociendo detalles sobre los casos derivados de Plaza, la instrucción de la causa principal iba apuntalando, según el criterio de la Fiscalía, la denuncia que presentó ante el Juzgado de Guardia aquella mañana de hace un año. Aunque las cifras de los presuntos sobrecostes ya se sitúen más cerca de los 100 millones, o 104, según la propia Plaza.
Así, el análisis de la documentación y los ordenadores decomisados por la UDEF en la operación Decken (tejado, en alemán) apoyan las ramas de irregularidades de las que sospechaban en un principio. La sobrefacturación de las obras ejecutadas, bien fuera con mediciones ficticias o precios hinchados y los pagos en especie, con obras en viviendas de los imputados cargadas a las cuentas de la sociedad semipública.
Para los investigadores , estos dos primeros bloques han quedado acreditados con las pruebas recabadas hasta ahora, y han logrado atar la ubicación de unos 15.000 euros de los desviados, sin contar como frutos de los mismos el abundante patrimonio de algunos de los encartados. Por el camino han aflorado empresas llamativas como la guardería de las hermanas García Planté, hijas de García Becerril que encargaba obras y poseía un yate. O el pago adelantado por estudios de obras que ni siquiera se habían encargado, por parte de empresas de Agapito Iglesias.
Ahora otra de de las ramas, la de las facturas falsas, está a punto de darse por cerrada, tras el interrogatorio policial de los empresarios que en breve volverán a explicarse ante el juez. No sería de extrañar que la lista de imputados creciese. Y faltará analizar los trabajos de saneamiento de tierras. Las réplicas del seísmo no cesan.
