La práctica totalidad del arco parlamentario espa- ñol, con excepción del PP, se unió ayer para solicitar el cese fulminante del actual embajador en el Reino Unido, Federico Trillo, por su responsabilidad como exministro de Defensa en el 2003, cuando ocurrió la tragedia del Yak-42, en la que fallecieron 62 militares españoles tras estrellarse su avión en la localidad turca de Trebisonda. Todo después de que el esperado informe del Consejo de Estado sobre la responsabilidad patrimonial avalase implicitamente que hubo negligencia de la Administración, concretamente de Defensa, en el control de las condiciones de los vuelos. Es la primera vez que un órgano político lo refrenda.

La resolución lleva fecha de octubre, pero no fue hasta ayer cuando los familiares la conocieron, tras publicarla El País. Y eso que, según explicaba el presidente de la asociación de familiares de víctimas, Miguel Sencianes, habían preguntado recientemente por el documento, y les dijeron que no estaba listo. «Estas cosas ya ni nos hacen mella», admitía.

DESESTIMATORIA

En rigor, la resolución del Consejo de Estado no es favorable para las víctimas. Deriva de la petición inicial de 290 familiares de 55 de los fallecidos para percibir una indemnización del Estado, que quedó paralizada por los diversos procesos judiciales. Y en este sentido, el órgano consultivo del Gobierno resuelve que con las condenas civiles, las pensiones y otros reconocimientos ha habido un «importante despliegue resarcitorio» que ya es bastante.

Sin embargo, antes de estas conclusiones, el documento de 82 páginas enumera motivos por los que Defensa sí tuvo una responsabilidad en el accidente. Que pudo haberse evitado, como las familias sostienen «desde el minuto cero», dice Sencianes.

Esta responsabilidad no supone culpa, recuerda el Consejo de Estado (la causa penal fue definitivamente sobreseída, y Estrasburgo no la reabrió). De hecho, los consejeros se basan en las propias sentencias, tanto condenatorias -para las empresas- por lo civil como en el archivo penal, que señalan a posibles responsabilidades en otros ámbitos.

Para el consejo, el accidente se produjo por una combinación de la impericia de la tripulación, su falta de formación y las condiciones meteorológicas, como han decretado los tribunales. Pero no cree que se deba dar una «absoluta desvinculación» de Defensa con la contratación, por mucho que la encargara a NAMSA, un organismo logístico de la OTAN.

Porque el Acuerdo de Ventas (el contrato) entre NAMSA y el Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa contemplaba un cierto control y supervisión, que «no parece compatible» con la información analizada. Alguna, señalan, ha sido difícil de obtener -o no ha llegado- pese a las reiteradas peticiones a Defensa.

Entre las irregularidades que observan está el que nadie controlara las sucesivas subcontratas que redujeron los 149.000 dó- lares pagados por la OTAN a la compañía Chapman Freeborn a los 38.442 que acabó cobrando la ucraniana UM Air, operadora del Yak-42 siniestrado. Es «razonable» pensar que la merma de esta cadena de contratos, aunque legal, «afecte a las condiciones». Más aún cuando un informe del teniente coronel Javier Merino alertaba del «alto riesgo» que se corría contratando aparatos de la extinta URSS, lo que «llamaba, cuando menos, a una comprobación» de esta información.

UNANIMIDAD

Estos y otros aspectos llevaron al Consejo de Estado a aprobar el informe que reprocha la actuación de Defensa, con los argumentos que han venido sosteniendo las familias. El hecho de que fuera por unanimidad de los consejeros de distinto signo, en un consejo presidido por un exministro popular en la época de Trillo -José Manuel Romay Becaría-, no hace sino aumentar la satisfacción de las víctimas, admitía Sencianes.

El presidente reclamaba ayer como primer paso la destitución del exministro Trillo, tras causar a las víctimas «un martirio de 13 años» sosteniendo la idoneidad del avión. Este deseo tuvo su eco en el Congreso, en el que PSOE, Podemos y Ciudadanos pidieron el cese de Trillo y la comparecencia de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

Las familias también han solicitado una reunión con ella. Y es que el informe no es vinculante, y Defensa podría no asumirlo. Pero con sus mimbres, podrían al menos iniciar otro proceso judicial. «Y no bajarnos del avión, que nos ha traído hasta aquí», retaba un optimista Sencianes.

Rajoy ve el caso ya «sustanciado» en el juzgado, y antiguo

Para el presidente del Gobierno -y vicepresiente cuando ocurrió la tragedia del Yak- 42-, Mariano Rajoy, a priori no procedería la distitución del embajador Trillo, entre otras cosas porque el accidente ocurrió «hace ya muchísimos años». «¿Han sacado un dictamen sobre esto? No lo he visto. Pero yo creo que eso ya está sustanciado judicialmente lo que había que sustanciar, ¿no?», declaró a los medios, al ser abordado durante su retiro navideño en Pontevedra.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, tampoco apostó por la destitución de Trillo. «Todos lamentamos lo sucedido, pero la labor que pueda desempeñar ahora mismo como embajador en el Reino Unido es distinta a la que estuviera desempeñando hace 20 años», según Casado, para quien Trillo tiene ahora «una labor importante» en el Reino Unido como es la negociación por la inminente salida de este país de la UE, recogió Efe.

Nadie en el PP aragonés quiso hacer valoraciones de un tema «de ámbito nacional».