Fapar sigue insistiendo en su rechazo a la reforma educativa propuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy. El presidente de la federación de asociaciones de padres de Aragón, Juan Ballarín, negó la mayor: "Es una ley sin racionalidad que no debería haber entrado en vigor", dijo. A partir de ahí se puede hablar de plazos, que de eso trataba la sectorial de ayer. Y en este sentido las familias de la escuela pública lo tienen claro, cuanto más tarde se aplique la ley Wert, mejor.

Ballarín lamentó que el Ejecutivo del PP no hay contado "con nadie" para elaborar la ley y que la postura del Gobierno de Luisa Fernanda Rudi haya sido "siempre sumisa". "Aceptan todo lo que viene de Madrid sin ningún tipo de crítica ni análisis. Y la realidad es que están jugando con nuestros hijos, con su futuro, que no parece importarles demasiado", señaló.

Como la ley es "mala" lo mejor es retrasar su puesta en práctica. "Cualquier cosa que suponga aplazar su aplicación será una buena noticia, pero somos conscientes de que la norma está aprobada y no queda otro remedio que acatar su puesta en marcha", dijo Ballarín.

Recordó además el presidente de Fapar que los cambios que conllevará la ley en hasta 130 asignaturas obligará a los padres a un desembolso extra, debido a que será necesario cambiar muchos de los libros de texto. "Será un drama para muchas familias, un crimen. Con la situación que se vive en Aragón, debido a la crisis, tener que gastar un dineral en material, no es ni racional ni lógico", indicó Ballarín.

Desde Fapar echaron en falta no solo una postura más beligerante del Gobierno de Aragón para defender los intereses de las familias aragonesas, sino también para poner en marcha medidas que ayuden a los padres a sobrellevar los gastos extra que conllevará la entrada en vigor de una ley con la que no están de acuerdo. "Parece que se piensa más en los intereses de las editoriales que en las de los hogares, que están cada vez más ahogados por las políticas del Gobierno", manifestó Ballarín.