A la Seguridad Social le ha pasado lo mismo que a muchos hogares españoles durante los últimos años. Ha tenido que alimentar más bocas con menos ingresos. El resultado es que se ve obligada a pedir ayuda para llegar a fin de mes. Los millones de historias de afectados por la crisis, de trabajadores precarios, parados o desamparados, se suman en un cóctel que está a punto de desencadenar una reacción explosiva en las cuentas de la Seguridad Social: el sistema está a punto de agotar la hucha de las pensiones, que a este ritmo se quedará casi vacía a finales del 2017.
LOS LÍMITES
La hucha se agotará en el 2017
¿Qué pasará a partir de entonces? ¿Tienen futuro las pensiones de la Seguridad Social? La situación del pilar básico del Estado del bienestar asomándose al precipicio contrasta con la euforia que destila el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que hace unos días se refería a la Seguridad Social como "uno de los mejores sistemas de pensiones del mundo". Tanto optimismo exultante no encaja con la decisión del Ejecutivo de sacar 9.700 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social en un reintegro de 8.700 millones y otro de 1.000 millones.
Cuatro días después de sacar los primeros 8.700 millones y dejar el colchón de las pensiones con algo más de 25.000 millones, el Ministerio de Empleo convocó al comité de gestión del Fondo de Reserva, formado por los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE, para informarles del reintegro, al que seguirá otro de un importe similar en diciembre para pagar la extra de Navidad.
LOS CAMBIOS
El empleo precario deteriora las cuentas
La ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, defiende la sostenibilidad de la Seguridad Social, que considera que sufre un problema puntual derivado de la pérdida de 3,2 millones de empleos durante la crisis. "Vamos a llenar el Fondo de Reserva con empleo", ha prometido Báñez, que ha asegurado que "la creación de empleo es la verdadera fortaleza de las pensiones". La teoría del sistema de pensiones da la razón a la ministra, pero la realidad es diferente. La Seguridad Social se nutre del aumento de afiliados y también de la calidad de sus cotizaciones, que ha caído como consecuencia de las rebajas salariales y de la proliferación de los empleos precarios y a tiempo parcial. Mientras que el número de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social aumentó un 3,2% en el 2015, la cotización media bajó un 1,8%. El resultado es que los ingresos del sistema se incrementaron un 1,3%, una cifra insuficiente para absorber el aumento de los gastos del 3,3%.
LAS MEDIDAS
El déficit obliga a tomar decisiones
La diferencia entre ingresos y gastos es lo que explica el déficit en las cuentas de la Seguridad Social a pesar de las reformas aplicadas en el sistema en el 2009 y en el 2013 para retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años de forma progresiva y para desligar la subida de las pensiones de la inflación, lo que las condena a una revalorización mínima del 0,25% durante los próximos años. Mientras esas reformas dan frutos de forma lenta, la Seguridad Social necesitará una nueva fuente de financiación en el año 2018 como muy tarde, por lo que el nuevo Gobierno tendrá que asumir la patata caliente de poner en marcha nuevas medidas que tengan efectos inmediatos.
A la espera de que se reúna el Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados para estudiar los cambios, el debate ya ha empezado con varias propuestas que están sobre la mesa para aliviar el peso que tienen que soportar las cotizaciones sociales. El dilema es cómo cubrir el déficit del sistema.
LA FINANCIACIÓN
Más fondos gracias a los impuestos
Mariano Rajoy quiere optar a la investidura como presidente con un programa para el Gobierno de España que incluye entre sus prioridades una "reordenación" de la financiación de la Seguridad Social, a través de una ampliación de las prestaciones que se pagan con fondos procedentes de impuestos y no de las cotizaciones sociales que pagan los empresarios y los trabajadores, lo que, según la hoja de ruta enviada por el PP al resto de los partidos, contribuirá a dotar de "una mayor sostenibilidad" al actual sistema de pensiones español.
Los expertos consideran que la principal vía que contempla este programa será la financiación a través de impuestos, ya sea de los ya existentes o de alguno nuevo. Sobre la mesa se encuentra la propuesta de pagar con cargo a los Presupuestos del Estado los 22.000 millones que cuestan las pensiones de viudedad y para huérfanos.
LA ESTRATEGIA
El nuevo tributo social gana apoyos
La solución estructural que gana partidarios entre los expertos es la de aumentar la recaudación tributaria como en Francia, que creó un impuesto "social" que grava todas las rentas.
"Para mejorar la situación actual, habría que aportar recursos adicionales al sistema o bien desviar gastos contributivos (pensiones de viudedad y orfandad, por ejemplo) a la parte no contributiva, lo que exigiría mayor presión fiscal (cotizaciones o impuestos)", asegura el grupo de investigación en Pensiones de la Universidad de Valencia que encabeza Enrique Devesa, uno de los asesores de la última reforma del sistema.
Los sindicatos CCOO y UGT han reclamado la convocatoria urgente del Pacto de Toledo para empezar a negociar un acuerdo de medidas para aliviar las cuentas. CCOO, por su parte, ha planteado propuestas que, según sus cálculos, permitirían reducir el gasto que se paga con cotizaciones en unos 40.000 millones de euros. Estas ideas incluyen 12.000 millones que se financiarían con "medidas de naturaleza fiscal", 14.500 millones por el incremento de las bases máximas y la equiparación de las cuotas de autónomos y asalariados.
