La crecida del Ebro no solo ha tenido efectos devastadores en las tierras inundadas. La riada ha enfangado también la política nacional. La evidencia de que las avenidas extraordinarias generan cada vez más daños en la ribera ha llevado al Gobierno a mover ficha, y ahora se apresura a anunciar subvenciones e incluso a sugerir dragados del cauce. Si el lunes, envió al ministro del Interior, Fernández Díaz, en un vuelo casi turístico, ayer fue la ministra competente, García Tejerina, la que acudió a la capital aragonesa. Desde el refugio del edificio de la CHE, sin pisar el terreno, comprometió ayudas, se sacudió culpas aludiendo a la herencia recibida y agitó los fantasmas del trasvase sacando a colación el acuerdo Tajo-Segura. No suficiente con este desembarco, el propio presidente, Mariano Rajoy, se dejará ver esta semana por Zaragoza, después de que un Pedro Sánchez más rápido de reflejos le afeara su falta de pulso y de cercanía con los damnificados por esta gran avenida. Hasta Cayo Lara, que hoy pronuncia una conferencia en la capital, se reunirá con afectados en Alagón.
El desembarco político sobre las aguas del Ebro desprende aroma electoral, pero puestos a elegir, mejor que vengan. Es la única manera de entender que la crecida es algo más que un fenómeno natural que deja espectaculares imágenes y de tomar conciencia de que el Ebro necesita un plan acompañado de inversiones.
