Corría el año 2002 cuando el Gobierno de Zaragoza, entonces dirigido por la conservadora Luisa Fernanda Rudi, y la siderúrgica Aceralia empezaban a negociar la recalificación de los suelos que desde los años 40 ocupaba la empresa en el barrio del Picarral. A ese punto volverá hoy el mayor proyecto de reconversión urbana de la margen izquierda del Ebro en la capital aragonesa, el bautizado entonces como Plan Aceralia, que planteaba reconvertir sus más de 77.000 metros de suelo industrial en otros usos, residencial sobre todo, para financiar una operación urbanística que cierre esta brecha histórica. No quedaba otra salida que la que hoy se va a dar, la finalización del procedimiento administrativo que iba a modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para conseguirlo. Un expediente que recibió una aprobación inicial en diciembre del 2012 y que se topó con los tribunales.

En principio, y salvo sorpresa mayúscula, se aprobará por unanimidad de los grupos municipales y con el consenso de los vecinos, que ahora tendrán seis meses para redefinir una nueva propuesta de ordenación urbanística de los suelos. Este es el plazo que, a través de un voto particular, ha introducido el PSOE, que fue quien llevó a término toda la tramitación anterior, que arrancaba en el 2004, cuando el Gobierno de Aragón daba luz verde al plan municipal. Ese que planteaba financiar la reconversión de semejante pastilla urbana en 2.344 pisos.

Esta propuesta, a base de varapalos judiciales, se fue moldeando hasta que el Tribunal Supremo sentenció que esos suelos debían volver a ser industriales. Y así lo serán a partir de que hoy se dé luz verde a ese regreso al pasado. De manera que cualquier petición de una empresa que decida instalarse allí, en principio debería aceptarse.

Aunque esa no es la finalidad del consistorio que, aún sin haber pactado una solución definitiva con la empresa Saica sobre la ubicación de los futuras viviendas, quiere abrir un proceso de participación con todas las partes afectadas. Y mantener el espíritu del plan que hoy archiva -con pisos, zonas verdes, equipamientos- y la viabilidad de costearlo, sin pasar por el juzgado.