Por primera vez, las instituciones políticas, judiciales y policiales del Estado no acudirán al acto de apertura del año académico 2017-18 en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC), en Mollet del Vallès.

La Consejería de Interior había invitado como cada año al Cuerpo Nacional de Policía (CNP), a la Guardia Civil, a las Fuerzas Armadas Españolas, a la Delegación del Gobierno en Cataluña, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y a la Fiscalía Superior de Cataluña. Pero ninguno confirmó su asistencia.

La Policía Nacional incluso respondió que «no podrá» asistir. Fuentes de este cuerpo de seguridad aclararon que la negativa a asistir se ha tomado a causa del clima de tensión que se vive actualmente. Una crispación que notan especialmente los Mossos d’Esquadra tanto con los policías españolas como con los poderes judiciales.

EL FISCAL NO DARÁ CLASE / La fiscalía fue más lejos y, tal como avanzó ayer la Cadena Ser, no solo no acudirá a la inauguración del año académico sino que tampoco participará en la formación de agentes catalanes.

Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno explicaron que Enric Millo tampoco tiene planeado asistir a este acto porque el delegado tiene la agenda comprometida para este viernes.

Ni los organizadores del evento saben hasta dónde llegará el desplante de los poderes estatales presentes en Cataluña. Pero intuyen que podría darse el caso de que no asistiera nadie. Esto acabó provocando que el propio consejero de Interior, Forn, hubiera decidido a última hora no acudir tampoco a un acto que tenía previsto encabezar y cuya presencia ya había sido comunicada a los periodistas.

La situación evidencia la gravedad de la crisis existente entre el Gobierno catalán y el Ejecutivo español, a pocas horas de que el primero pueda desactivar la suspensión de la declaración unilateral de independencia (DUI) y de que el segundo pueda confirmar que comienza a aplicar el artículo constitucional 155 para disolver la autonomía catalana.

RELACIONES POLICIALES ROTAS / En materia de seguridad, además, la cosa se agrava, y las relaciones entre Mossos y fuerzas españolas están prácticamente rotas tras la jornada del 1 de octubre. Policía Nacional y Guardia Civil se sintieron «traicionadas» por la policía autonómica, que optó por no usar la fuerza para entrar en los colegios electorales. La consulta también dejó una herida difícil de cicatrizar con la fiscalía, que está convencida de que los Mossos eligieron no acatar las órdenes de retirar las urnas para mantenerse leales al Gobierno catalán.

Que policías y fiscales tienen al mayor Josep Lluís Trapero en su punto de mira es algo que quedó claro el pasado martes en la Audiencia Nacional, cuando el ministerio público, basándose en una información de la Guardia Civil, solicitó que el jefe de la policía catalana ingresara preventivamente en prisión por un presunto delito de sedición.