Zaragoza en Común (ZeC) no solo no consiguió el apoyo del pleno para que el ayuntamiento inste al Gobierno de Aragón a que suspenda el cobro del Impuesto de Contaminación de Aguas (ICA) y lo suprima, sino que acabó siendo acusado de «demagogo» y de «mentiroso», evidenciando su soledad, y teniendo que afrontar una decisión plenaria que pide todo lo contrario: sentarse a negociar con la DGA, a propuesta del PSOE.

La moción de los socialistas, en la que se instaba a negociar con la DGA las fórmulas que permitan revertir la recaudación del ICA en Zaragoza y la reforma del impuesto, sí que salió adelante con los votos a favor de CHA y Cs, y la abstención del PP. ZeC, como era obvio, votó en contra.

El concejal de Economía, Fernando Rivarés, utilizó los mismos argumentos esgrimidos durante las últimas semanas para solicitar la derogación del ICA: que es injusto porque los zaragozanos ya han pagado por su depuradora y que la recaudación de la tasa no pueden destinarse a pagar los «pufos» del cuestionado plan de saneamiento del agua. «Hay que escuchar el clamor social», insistió el concejal. Rivarés, tachado de demagogo y oportunista, y en un intento de defensa de la coherencia de su formación al respecto, aseguró que en el programa electoral de ZeC se recogía ya la derogación del ICA. Rápidamente el PSOE releyó los puntos a los que hizo referencia el propio Rivarés para confirmar que nunca solicitaron la derogación, sino su «reforma». Un hecho que le dio alas al socialista Javier Trívez para calificar de «mentiroso» al concejal. «Con alguien que miente así no se puede debatir», aseguró. Desde CHA, Carmelo Asensio, criticó a Rivarés por haber rechazado participar en la mesa técnica de Las Cortes, creada para reformular el tributo y le exigió responsabilidad. Sara Fernández, de Cs, también instó al Gobierno de la ciudad a que se siente a negociar para mejorar el cobro del impuesto de manera que no perjudique a la ciudad. Desde el PP, María Navarro, recordó que fue Podemos quien presentó una enmienda a los presupuestos que acabó eliminando la «especificidad» de la ciudad, repercutiendo directamente en el cobro de un impuesto que, recordó, «no se puede derogar».