No hay como aderezar un pleno en el Ayuntamiento de Zaragoza con mociones relacionadas con temas nacionales para que el debate se convierta en un todos contra todos que disimule la verdadera confrontación de un todos contra Zaragoza en Común (ZeC) desde que decidiera expulsar a la oposición de la toma de decisiones de las sociedades municipales. Complicado obviar lo que ya han bautizado como «el 9-F», que recuerda a otra lamentable efeméride de la historia. Y que ayer daba una vuelta de tuerca más al aprobar, con los votos del PP, PSOE, Ciudadanos (Cs) y CHA, que el Gobierno de Pedro Santisteve deberá publicar cada mes los gastos y los movimientos hechos en esas sociedades que ahora dirige en solitario. Solo intentó que fuera una rendición de cuentas trimestral, pero ni eso.
Esto es, en la práctica, la principal decisión política adoptada, aunque al menos se diluía entre exabruptos por estas cuestiones sobre las que la capital aragonesa poco o nada puede decidir. El pacto de Estado sobre la violencia de género, la prisión permanente revisable, las protestas de los jubilados por las pensiones, la libertad de expresión y el encarcelamiento de Valtonyc, o la ley de memoria histórica y la reparación de las víctimas del franquismo... Así, quizá el rap que se marcó el edil de ZeC Pablo Híjar o que el alcalde dijera que lo que el PP busca es que el Código Penal se encamine a «la cadena perpetua, la pena de muerte y, con ello, a los fusilamientos» le quitara el protagonismo a un nuevo tirón de orejas de la oposición.
Hasta pasadas las dos de la tarde, este era el único asunto referido exclusivamente a la política municipal. Y eso que otra moción, sobre la sociedad Zgz@Desarrollo Expo devolvió la tensión al epicentro de las tensiones en el consistorio. Fue cuando el titular de Economía, Fernando Rivarés, que nunca decepciona, lanzó un anuncio que volvía a demostrar que ZeC gobierna al margen de la oposición, escudándose en la Ley de Capitalidad. Informó de que el pasado viernes convocó la junta general de esta sociedad para autoproclamarse liquidador de la misma. Esta reunión se realizó sin avisar a los grupos y eso que en el orden del día se aceptaba la renuncia que PP, PSOE y Cs como liquidadores.
La noticia provocó de nuevo el malestar en la oposición. No se cuenta para ella y Rivarés lo anunció sin presentar ni un solo documento. Ni siquiera el acta de la sesión, lo que despertó las dudas entre las formaciones. PP, PSOE y Cs notificaron por carta su renuncia ante el «bloqueo» al que les había sometido el Gobierno de Santisteve y el titular de Economía se defendía del goteo de reproches argumentando que había tomado una decisión sin comunicarlo asumiendo «la responsabilidad de la liquidación por su espantada irresponsable».
Pero ni Rivarés ni su equipo, preguntados en varias ocasiones, dentro y fuera del salón de plenos, fueron capaces de responder si el nuevo liquidador ya está inscrito en el registro mercantil, algo esencial para tomar las decisiones sobre la sociedad y, sobre todo, para autorizar los pagos de las nóminas de los empleados que, dijo, ya se ha hecho.
Para rematar la sesión, reaparecía el debate sobre el nombre del pabellón Príncipe Felipe, a propósito de la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que ratificaba que el Gobierno no puede rebautizarlo con el nombre del fallecido exentrenador del CAI, José Luis Abós, sin contar con el pleno. Nuevamente, la oposición, apartada de la toma de decisiones, le tiraba de las orejas al raper Híjar, que ya harto invitó al PP «a coger la brocha» y pintar el nombre legal con sus manos.
Solo la soledad del PP en su intento por aumentar los servicios mínimo de la huelga del tranvía al 70%, que fracaso estrepitosamente, podía aliviar a ZeC. Porque la jornada, en lo que respecta a la gestión de lo municipal, se desarrolló aburrida. Con Cs y CHA sacando adelante propuestas ante las que es difícil oponerse, y aumentando su estadística de oposición constructiva. Al final todo suma y la foto de la crispación es difícil cogerla con una iniciativa suya.
Y a la formación naranja, que se sabe de moda y está de dulce, también era complicado verla en los exabruptos sobre temas nacionales. Ni siquiera en el debate sobre la prisión permanente revisable, que como recordó el socialista Carlos Pérez Anadón, lo han motivado en Madrid Cs con su propuesta y el PNV, los dos que podrían alumbrar junto al PP los próximos presupuestos generales del Estado que hoy presenta el Consejo de Ministros en Madrid. Todo significa en estas fechas.
En un intercambio de golpes de mejor gusto que en el Congreso, el discurso varió poco en la izquierda, que recriminó al PP el «uso partidista de las víctimas» y de un dolor que no aliviará la «cadena perpetua encubierta», que defiende la derecha. Ayer estuvo apoyada en el pleno por la asociación Todos con Gabriel Zaragoza, creada tras la desaparición del niño asesinado en la pedanía de Níjar (Almería). Cs se abstuvo por ser un debate nacional y se circunscribió a la propuesta de Albert Rivera. Al final, el pleno dictaminó que Zaragoza quiere derogarla.
Por una izquierda que estuvo unida en defender la ley de memoria histórica y volvió a hacer aguas con la libertad de expresión y sus críticas a la ley mordaza. Pero por una cuestión de matiz, defender expresamente a Valtonyc, como exigía Híjar, que al calor del debate no reprimió sus ganas de llamar «franquista» al conservador Pedro Navarro.
