Después de más de 20 meses con la nueva licitación paralizada, con una tormenta política sobre su gestión que desembocó en la decisión de municipalizar el servicio a golpe de decreto de Alcaldía, con informe de intervención en contra, y con múltiples incógnitas sobre su futuro, la polémica sobre la prestación del servicio de atención telefónica 010 llega hoy a los tribunales. De la mano del Juzgado de lo Contencioso número 4 de Zaragoza y una suspensión cautelarísima de ese decreto que hoy podría refrendar o levantar la jueza Concepción Gimeno Gracia.

De su decisión depende algo más que la propia prestación del servicio, que la orden de alcaldía anunciaba que mañana empezaría a prestarlo el consistorio con sus propios medios a través de un rescate de la contrata que incluiría la subrogación directa de sus 14 trabajadoras. A ellas quiere escuchar la magistrada. Y a la empresa a la que pertenecen, Pyrenalia, que ya ha anunciado en varias ocasiones que no quiere seguir prestándolo. Y al ayuntamiento, que deberá justificar por qué adopta una decisión así sin hacer caso de lo que le ha dictado el interventor. Son las tres partes en conflicto a las que, curiosamente, la suspensión del decreto no satisface y que hoy pasarán por el despacho judicial.

VELAR POR LA LEGALIDAD

Junto a ellos, la CEOE Zaragoza, autora del recurso contencioso que ha paralizado una decisión política unilateral del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) que no contaba con la mayoría política. Y lo que presentó para velar por la legalidad, exponía, y para que se hicieran valer los requisitos de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la Administración que se le deberían exigir a estas trabajadoras, y en defensa de un modelo de gestión, el de la externalización, que lleva dos décadas funcionando bien con el 010. Pero sobre todo para que se respete la legalidad, apoyándose en el informe del interventor municipal que se hizo público el mismo día que pedía la suspensión cautelarísima del decreto.

Esta petición, según explicó el responsable del área de Personal, Alberto Cubero, es la que, además de anular el rescate del 010, la que obliga a seguir prestando el servicio. De manera que no peligra. Hoy seguirá funcionando y mañana, la fecha fatídica, también. «La jueza dice que Pyrenalia siga prestándolo. A nosotros no nos gusta y a la empresa, tampoco, pero lo asume así».

EL DÍA DESPUÉS

Ni siquiera ha habido negociación con la empresa, con la que se había pactado que el 1 de marzo dejaría el servicio. Entienden que es una obligación legal y que la jueza así lo mandata al anular el decreto del alcalde. Mientras, las trabajadoras aseguran estar «agotadas» de tanta tensión y tantos ataques, pero también por la incertidumbre sobre su futuro a la que les lleva esta situación. Pero garantizan que seguirán al teléfono mañana.

«Supongo que también se le preguntará si está en condiciones de seguir haciéndolo», apostilló Cubero ayer, quien lamentó la «terrible» situación para las trabajadoras. «Está habiendo un ataque a todos los niveles pero cuando sufrían los problemas de impagos nadie decía nada», apuntó el edil de ZeC. «Lo único bueno que tiene la judicialización de la política es que nos dirá qué hacer ahora», añadió.