Unas escuchas telefónicas entre algunos de los detenidos en el marco de la operación Molinos determinaron la imputación del que fuera subdirector provincial de Urbanismo de la DGA, Carlos Martín Rafecas. Fue un 21 de marzo del año 2009 y, desde ese momento ha tenido una «losa sobre él en la que se podía leer culpable de corrupción». Tras conocer la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, reconoció ante EL PERIÓDICO sentirse «descansado», ya que ese estigma había desaparecido.

«Durante todo este tiempo me han señalado y puedo asegurar que es muy duro, especialmente cuando eres inocente», aseveró este funcionario de la Administración autonómica de 68 años y con una experiencia laboral de más de 30 años. Estaba acusado de un delito de tráfico de influencias por el que la Fiscalía solicitaba seis meses de prisión, una indemnización de 486.000 euros y tres años de inhabilitación. Penas de las que ha sido exonerado por los magistrados de la Sección Primera del tribunal provincial.

A pesar de ser absuelto, Martín Rafecas quiso volver a sentarse ayer en el banquillo, aunque en esta ocasión de una manera visiblemente diferente. De hecho, se sentó junto a él su letrado, Jesús García Huici, con el que estuvo comentando el fallo en el que era condenada la exalcaldesa Mariví Pinilla, junto a 29 personas más.

AGONÍA

Martín Rafecas reconoció que desde que fue puesto en libertad y bajó los escalones de la Jefatura Superior de Policía de Aragón ha vivido «una agonía». Especialmente, por el tiempo que ha durado la instrucción -siete años después de que comenzara la investigación se ha conocido el fallo judicial-- que no dudó en criticar porque «perjudica a personas como yo, que no teníamos nada que ver, como a las víctimas que tardan en cobrar las indemnizaciones». «¿Cómo se resarce el daño que yo he sufrido?», se preguntó.

Echando la vista atrás, recordó que «siempre ha declarado lo mismo», tanto en la Policía Nacional, ante el juez Alfredo Lajusticia y en el juicio, pero «no ha sido hasta ahora que se me ha dado la razón». A él le habían culpabilizado, hasta el día de ayer, de ser alguien que podría solucionar o agilizar la tramitación de algunos proyectos urbanísticos de la localidad zaragozana.

Este madrileño de nacimiento resaltó que durante su larga trayectoria profesional -desde director gerente del Instituto de Suelo y Vivienda hasta presidente del Consejo Económico y Social de Aragón- nunca fue expedientado. Sobrevivió a gobiernos de PSOE, PAR y PP.

Su abogado ya lo avanzó durante la vista oral: «Si no se imputaba a alguien de la DGA nos quedábamos con una corrupción de pueblo». «Una corrupción importante» tipo «a la balear, valenciana o madrileña necesitaba implicar a altos cargos y resulta que ése era mi representado, un funcionario», aseveró.