Zaragoza en Común (ZeC) se estrelló de nuevo en el muro de la oposición y vio cómo naufragaba su propuesta de ordenanzas fiscales (sus intentos por lograr aumentar los recursos a través del IBI) a manos del PP, PSOE y Ciudadanos (C's) que se aliaron para tumbarla en su línea de flotación: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Su intención de recaudar 20 millones extra se quedaron en 3,5 y la foto final del principal tributo municipal quedó en una subida media del 6% para todos los inmuebles cuyo valor catastral sea de 70.000 euros o menos --y una bajada de más del 10% a los pisos más caros--, y la congelación de tipos impositivos diferenciados para las empresas comerciales e industriales con un valor de un millón de euros o más. Mantenimiento de la presión fiscal según los que salieron victoriosos, sumisión a las grandes fortunas para los que fracasaron.

Esta es la interpretación que daba el responsable de Economía, Fernando Rivarés, en el debate en comisión, molesto con "el nuevo tripartito" del consistorio que hizo estéril hasta su último esfuerzo por atraer al PSOE a su causa. Había admitido subir el umbral de empresas afectadas por ese IBI diferenciado desde los 232.000 euros que proponía él hasta los 500.000 que contraofertó CHA. Y ayer ofreció in extremis dejar el tipo residencial en el 22% y dejar ese umbral en 750.000 para atraer al PSOE. Pero ni eso le sirvió para nada.

Esta vez sí, PP y PSOE votaron lo mismo. Lo mismo que los conservadores habían planteado en su proposición normativa que sigue en tramitación. Lo mismo que el socialista Javier Trívez le llegó a ofrecer a Rivarés hace más de una semana para llegar a un acuerdo a tres con CHA. Aunque como eso no era lo que decía el voto particular de los socialistas, fue Ciudadanos quien asumió el rol de enmendarlo para darle forma: transaccionó la enmienda para situar el tipo residencial en el 21,7% y congelar el de las grandes superficies comerciales e industriales (el PSOE defendía una rebaja del 5% y el 15%, respectivamente).

La rúbrica la puso el PP, con el compromiso, arrancado al PSOE y C's, de que esta congelación para las grandes empresas se dará no solo en el 2016 sino en los tres años siguientes. Una alianza a tres en la política fiscal para toda la legislatura. A esto sumó el acuerdo PP-PSOE para que no se modifique la categoría fiscal de Puerto Venecia, algo a lo que no se sumó la formación naranja.

RESPONSABILIDAD

Todo junto encendió el debate y a Rivarés, quien ya de inicio remarcaba la "necesaria e imprescindible" subida de impuestos a las grandes empresas. Opinó que es una maniobra de bloqueo del "nuevo tripartito" que afectará a los compromisos que el ayuntamiento tiene el año que viene, que condiciona sus políticas sociales y le deja con pocos mimbres para que el presupuesto refleje el coste real de los servicios. Pero afirmó que mantendrá estas prioridades y que los que ayer votaron en contra deberán explicar "de dónde" quitar dinero.

El socialista Javier Trívez defendió su posición con la "responsabilidad" por evitar el catastrazo a toda la ciudad y su apuesta por "el mantenimiento de la presión fiscal" como "línea roja" para el acuerdo. Lo mismo que Sara Fernández, de C's, que le pidió la congelación en los grandes comercios e industrias y este aceptó "en aras de un acuerdo".

El concejal Jorge Azcón, del PP, arremetió contra ZeC por poner a los zaragozanos "al borde del precipicio" y, sabedor de que sus votos "decantan la balanza", accedió a apoyar al PSOE y C's. "Hay que hacer un esfuerzo porque si nadie se mueve afectará a toda la ciudad". Y así rubricó el enésimo revés al Gobierno en el salón de plenos. Fuera de él, su portavoz, Eloy Suárez, no desaprovechó la ocasión para pedir la dimisión de Rivarés o que el alcalde "lo cese por su incapacidad para llegar a acuerdos". "¿No tiene cosas más importantes que pedir eso porque PP y PSOE decidan votar juntos? ¿Pero qué se han tomado?", replicó Rivarés.

De poco sirvió el acuerdo entre CHA y ZeC, que el edil Carmelo Asensio defendió como una oportunidad de hacer "más progresivo" el IBI bajando el umbral de las empresas afectadas por el tipo diferenciado hasta los 500.000 euros. Pero presentará enmiendas antes del pleno, donde deberá ratificarse.