El Gobierno del PP quiere firmar la paz definitiva en la guerra del agua con un gran pacto nacional para el que cuenta también con el entusiasmo del otro partido con poder territorial, el PSOE. Ambos tienen predisposición para alcanzar un acuerdo, que debería firmarse antes del verano. Hay voluntad, otra cosa es que encuentre puntos en común.

2017 ha sido el segundo año natural más seco desde 1965. Con las reservas de agua en una «situación preocupante» y hasta tres cuencas en sequía prolongada, lo que en el 2010 no era más que una advertencia que llegaba de Europa es ya una realidad. El cambio climático aprieta y PP y PSOE coinciden en que no basta con mirar al cielo: hay que enterrar el hacha de guerra, también la interna, y encontrar un discurso común. Algo que consiguió el PP hace dos legislaturas, donde se frenó el conflicto territorial que se abría en ese partido entre Castilla La Mancha, Aragón, Valencia y Murcia. El PSOE de Pedro Sánchez aún no ha encontrado una estrategia común para defender los distintos intereses territoriales, pero este partido hace años que abrazó la cruzada antitrasvase y el grupo de trabajo recientemente constituido para lograr ese pacto destierra cualquier trasvase y la mercantilización del agua. En ese punto, el PSOE está más cerca hoy de Podemos que del PP. Aunque buscará el acuerdo con unos populares que han vuelto a ver cómo se agitan las demandas de trasvase en el levante. De hecho, la ministra Tejerina se ha encontrado encima de la mesa esta reivindicación en la gran parte de reuniones que ha mantenido con los sectores como fase previa a la redacción del plan nacional.

«Colocar más agua a mejor precio sin importar cuál sea el territorio ni sus condiciones naturales. Eso fue posible sostenerlo durante un tiempo, pero ahora ya es una ficción”, defiende el encargado de dar forma a la postura del PSOE sobre el agua, Hugo Morán, que cuenta además con el respaldo de la exministra y presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

Desde el Gobierno insisten en que el agua tiene que ser «un punto de encuentro y no de confrontación». Y elogian la labor de sus predecesores, también del PSOE. «Hay que aprender de los errores, pero todo queda en el pasado. Quedémonos con las mejores enseñanzas para ser más eficaces», indica la ministra Isabel García Tejerina. En la misma línea se expresa Morán: «No estamos para cobrar facturas del pasado, sino para tratar de anticipar las del futuro».

Ese ánimo conciliador es la principal novedad en un tema, el de la gestión del agua, en el que ha prevalecido la confrontación política. En 2001, el gobierno de Aznar diseñó el rey de los trasvases: 1.000 millones de metros cúbicos de agua del río Ebro hacia la costa mediterránea. Y 5.000 millones de euros de presupuesto. Mientras se aprobaba el nuevo Plan Hidrológico, catalanes y aragoneses se echaban a las calles pidiendo que se retirara, arropados por partidos de izquierda.

El cambio de color en La Moncloa trajo consigo la derogación del plan. La entonces ministra del ramo, Cristina Narbona, sustituyó el faraónico trasvase por otro plan que incluía más desaladoras. Fue uno de los momentos más tensos de la guerra del agua.

En España existen muchos trasvases entre cuencas, no todos igual de conflictivos. El más grande, el trasvase Tajo-Segura, levantado antes de que llegara la democracia, son 264 kilómetros de hormigón que llevan el agua al Levante español. Ese levante seco pero que, en tiempos de burbuja y al calor del ladrillo, construyó verdes campos de golf y enormes urbanizaciones con piscina. Murcia, Alicante y Almería son también «la huerta de Europa»: tienen tierra y sol, pero les falta el agua, la que también falta ya en Aragón y la conocida como España húmeda. La trasvasada desde Castilla-La Mancha da de beber a 2 millones y medio de ciudadanos y riega 150.000 hectáreas de cultivo.

La llegada del socialista Emiliano García-Page a la presidencia de Castilla-La Mancha cambia las cosas. Page defiende el «trasvase cero» salvo para abastecimiento --más del 80% del agua se destina a regadío-, y la ministra responde que será el PSOE quien tenga que poner orden en su casa: «La Generalitat Valenciana o Andalucía, también gobernadas por el PSOE, seguro que tienen posiciones distintas. Entiendo que el debate no es sencillo, pero tenemos que tener la sensibilidad de todo el territorio, no solo la que uno conoce», indica. Es precisamente la oposición de García-Page lo que puede suponer un problema al PSOE, incluido el aragonés.

Morán, encargado de tan difícil tarea, advierte: «Se ha elevado el agua en algunos casos a la categoría de elemento identitario, y la labor didáctica va a ser importante». Una labor que ya parecen estar haciendo en cada palabra de su discurso tanto Morán como la propia ministra. «El agua es un tema que levanta pasiones. Quitémosle un poco de pasión». Mensajes que parecen advertir de que, en breve, un pacto puede reabrir viejas batallas.