El Gobierno de Aragón distribuyó a los medios de comunicación un documento en el que pretendía explicar las consecuencias que tendría una prórroga de los presupuestos del 2016 si no se consigue el apoyo necesario para el proyecto del 2017.

Este documento recuerda que «todo lo que sea gasto voluntario se paraliza por completo», y que solo se podrían «afrontar los gastos obligatorios de personal, gasto corriente, contratos en vigor o intereses y amortización de la deuda». En cien millones de gasto social y 250 millones en total cuantifica las pérdidas.

Desglosando por departamentos, según la DGA, Ciudadanía y Derechos Sociales perdería 18 millones y no se podría aplicar ni la Renta Social Básica, ni aumentar el IAI ni proceder al pago de la pobreza energética. En cuanto a Educación y Cultura, las pérdidas serían de 65 millones. Lo pagarían los becados en el comedor y por material, los interinos que no cobrarían, se paralizarían los nuevos centros escolares y no habría ayudas ni de cultura ni a clubs deportivos.

La sanidad perdería 30 millones, lo que repercutiría en el inicio de los hospitales de Alcañiz y Teruel, los nuevos centros de salud, el plan de alta tecnología o la aplicación del plan de salud mental.

Tampoco se podría poner en marcha el pacto por la ciencia, ni la reforma de la facultad de Filosofía ni habría fondos para investigación, en unas pérdidas para la universidad de casi 15 millones. Presidencia perdería, siempre según la DGA, 26,5 millones para la Justicia gratuita, las comarcas, la ley de Capitalidad o la Memoria Democrática. En cuanto a Vertebración Territorial, serían 11 los millones sin ejecutar, que afectarían a carreteras, turismo y vivienda social. También peligraría el FITE y las ayudas de economía y empleo, por 86,5 millones de euros.