El campamento de protesta en Zaragoza crece y sus integrantes ya han anunciado que se mantienen firmes en su intención de permanecer en la plaza del Pilar, al menos, hasta el domingo. Por ello, miles de personas se volvieron a dar cita a partir de las 20.00 horas --momento en el que se celebra la asamblea-- frente al ayuntamiento y una veintena de jóvenes volvieron a pasar la noche en sus tiendas de campaña. En Huesca, un grupo de personas decidirá hoy en asamblea si crean una acampada.

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Los movilizados de la capital aragonesa no se han visto afectados por la restricción a las concentraciones que ayer impusieron las juntas electorales en algunas ciudades. Estos organismos prohibieron las movilizaciones en Madrid, Granada y Sevilla porque consideran que "pueden afectar a la campaña y a la libertad del derecho de los ciudadanos al ejercicio del voto". El comité alegó además que no se puede dar el visto bueno a convocatorias que no cumplen los plazos requeridos (hay que solicitar una autorización al menos 10 días antes), dado que no existen "causas extraordinarias y graves" que justifiquen la urgencia. Sin embargo la decisión de las juntas provinciales tuvo por parte de los ciudadanos el efecto contrario porque todos esos motivos fueron desoídos por miles de personas que acudieron a las movilizaciones.

El portavoz del campamento de Zaragoza, Miguel Aguilera, señaló que ven "con preocupación" la reacción de las instituciones con respecto a las protestas, pero que ellos seguirán adelante. Y lo harán con el multitudinario apoyo que están recibiendo por parte de simpatizantes a la causa. La solidaridad de los zaragozanos ha hecho que acumulen reservas de comida para varios días y que ahora incluso necesiten aparatos como un pequeño refrigerador para almacenarla en condiciones óptimas. Centenares de ciudadanos anónimos se acercaron además al campamento para aportar ideas sobre los próximos pasos a dar y para firmar en el cuaderno de propuestas, en el que cada uno puede ofrecer su opinión.

Entre estas personas también había algunos responsables políticos que acudieron como ciudadanos y no como miembros de una formación. Es el caso de la concejala Lola Ranera (PSOE) o miembros de CHA e IU.

INQUIETUD POLÍTICA Precisamente las repercusiones que este movimiento tendrá en las elecciones del domingo han comenzado a inquietar a algunos sectores políticos, a tenor de las declaraciones que ayer hicieron determinados dirigentes sobre todo de la izquierda al conocer que se censuraban oficialmente las concentraciones llevadas a cabo en Madrid, Sevilla, Granada, Oviedo y Gijón. ¿Quién solicitó el criterio de las juntas electorales? Pues directamente las respectivas delegaciones de gobierno en las comunidades autónomas de turno, que se vieron obligadas a dar ese paso porque docenas de ciudadanos particulares habían "rellenado instancias para procurar el blindaje jurídico de las acampadas". La prohibición no ha llegado a Zaragoza porque los acampados en ningún momento han solicitado la autorización.

La duda que queda en el aire es qué ocurrirá en la jornada de reflexión. La respuesta la dará hoy la Junta Electoral Central, que fijará un criterio común para todos, a petición de la Generalitat de Cataluña. El devenir que puedan seguir las protestas y su capacidad de cambiar el voto de los indecisos trae de cabeza a los políticos. Ayer José Luis Rodríguez Zapatero hizo un intento de atraer a los indignados, esos que dicen no sentirse representados por los grandes partidos. "Pido el voto al progresista crítico, porque votando a la izquierda siempre se puede exigir". Mariano Rajoy dijo entender el nacimiento de movimientos de protesta cuando hay un 40% de paro juvenil.

Hasta ayer, los conservadores pensaban que la juventud indignada iba a ser otro azote para un erosionadísimo PSOE. Pero ya hay cargos del PP que han advertido a Rajoy que el grito de protesta de esos jóvenes puede llegar a algunos de los desencantados a los que, en las últimas semanas, han estado pidiendo el voto para ganar el 22-M y acelerar la salida de Zapatero. Hasta hay quien, como el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, difundió que es una conspiración contra los conservadores tras la que se esconde, cómo no, Rubalcaba.