La sentencia del Tribunal Supremo cayó como un jarro de agua fría en mitad de la celebración del pleno en el Ayuntamiento de Zaragoza y cuando faltaba poco más de una hora para que los funcionarios de la casa finalizaran su jornada. Eso provocó que la responsable de Servicios Públicos y Movilidad, Carmen Dueso, rehusara hacer valoraciones --ni técnicas ni políticas-- hasta la próxima semana, cuando analizará el documento con los servicios jurídicos. Mientras la oposición pidió "cautela" por las consecuencias que puede acarrear, quizá porque la ordenanza fue aprobada por unanimidad en 2009, pero exigió celeridad en la reacción municipal. El presidente del Observatorio de la Bicicleta, Pablo Muñoz, edil de IU, ya anunció que convocará de forma urgente a todos los agentes sociales y políticos que lo integran. CHA pidió crear una mesa de trabajo y el PP repensar medidas.
Así se manifestó el conservador Sebastián Contín, para quien la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en el 2012, "ya era taxativa". Este recordó que esta nunca se pidió ejecutar porque se pactó con el demandante dar solución a la conflictividad entre peatones y ciclistas en las aceras, "pero lejos de resolver el problema, se ha agravado". Ahora, "el Supremo cambia las reglas y hay que asumir el criterio de legalidad", opinó el concejal. "Llega el momento de devolver a la bici a la calzada", añadió.
Leticia Crespo, de CHA, aseguró que va a reclamar "que se convoque un grupo de trabajo de forma urgente para ver cómo adaptar la ordenanza". A su juicio, el veredicto del Supremo es una "sorpresa relativa" porque "al ser considerada la bici como vehículo "había puntos de conflicto con el reglamento".
Muñoz, por su parte, destacó el sabor "agridulce" de la sentencia. Ve "positivo" porque "avala que el lugar natural de la bici es la calzada" pero "negativo" porque "no ha contemplado algunas excepciones de convivencia con el peatón".
