Hace 35 años el panorama político aragonés no se parecía en casi nada al actual. Algunos de los partidos que estuvieron al frente de la redacción del primer Estatuto de Autonomía de la comunidad han desaparecido. A cambio han nacido algunos nuevos y otros se han quedado en el trayecto. Sin embargo, el sentimiento de que las reivindicaciones de autogobierno aragonesas son legítimas sigue vigente. Sobre todo porque aún existe un amplio margen de mejora, especialmente en los aspectos financieros.
Todos los grupos del arco parlamentario coinciden en que el desarrollo logrado por los aragoneses en los últimos años no hubiera sido posible sin el texto aprobado en 1982. Pero las comparaciones son odiosas y es evidente que comunidades como el País Vasco o Navarra, que lograron pactar textos con mayor ambición histórica, destacan por su tratamiento fiscal respecto al resto de España. Fue una oportunidad que se perdió en el contexto de la Transición.
No parece que en los próximos años el texto fijado en la amplia reforma del 2007 vaya a cambiar sustancialmente. El propósito en el que todos coinciden es en el de mejorar el autogobierno con los mecanismos que ya están fijados. Algunos avances se colaron en la última comisión bilateral con el Estado. El margen de mejora es amplio, pues ahí está el famoso artículo 108 correspondiente al convenio económico y que podría dar margen a una hacienda propia. Habrá que andar.
