El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró ayer durante la sesión de control al Gobierno catalán, que «es muy sensible al derecho universal del agua», pero descartó que se contemple un gran trasvase a Barcelona. A pregunta de la diputada de la CUP, Mireia Boya, Puigdemont defendió las «diversas formas de gestión --pública, público-privada y privada, siempre que la garantía del derecho está ajustada, observada y respetada.
La diputada de la CUP tiene claro, y así se lo hizo saber al presidente del Gobierno catalán, que se acaba de aprobar «un trasvase encubierto del Segre hacia Barcelona a través de los canales auxiliares. Y nosotros no queremos trasvases impuestos ni por el Estado español ni por el Gobierno de Cataluña».
Sin embargo, Puigdemont negó la mayor y descartó que haya un trasvase a Barcelona. «Lo que hay es un trasvase de Rialb a las comarcas de la Segarra y del Urgell, que están en la cuenca del Ebro, y --efectivamente-- a dos municipios de la comarca del Anoia, que suman 380 habitantes, y a otro de la Conca de Barberá, que suman 3.400 que ciertamente no están directamente en la cuenca del Ebro»
Puigdemont justifica este trasvase «porque son municipios que tienen serios problemas de abastecimiento de agua, pero el agua les ha de llegar, y a menudo lo hace con cisternas. Por tanto, el Gobierno ha de hacer todo lo posible, de acuerdo con el territorio, para garantizar este derecho universal». En ningún momento aludió al informe que prevé usar el Segarra-Garrigues como fuente de abastecimiento para toda Cataluña.
