No cabe duda de que Aragón va a ser un campeón de las energías renovables. La comunidad será todavía más excedentaria energéticamente -el pasado año exportó el 35% de lo que generó- y, por tanto, más solidaria con el resto de España en materia eléctrica. Incluso, podrá autoabastecerse con la luz procedente de sus propios recursos naturales de viento, agua y sol (actualmente cubren el 68% de la demanda regional), lo que fortalecerá su prestigio por contribuir a la sostenibilidad medioambiental. Pero, ¿en qué beneficia al territorio tener tantos aerogeneradores en los montes y tantas placas fotovoltaicas en las tierras de secano?
El empleo se perfila como la mayor ventaja, pero el efecto es limitado porque estas tecnologías no son intensivas en mano de obra una vez finaliza la construcción. La recaudación de impuestos y los alquileres de los terrenos son la otra gran fuente de riqueza que aporta esta actividad. Sin embargo, en lo que se refiere al retorno industrial de las máquinas e instalaciones, el aprovechamiento es más bien escaso al carecer la comunidad de fábricas de este tipo. La última de relevancia que tuvo la región fue la de Gamesa en Tauste, que producía aerogeneradores y cerró en el 2015. Y en muchos casos, son empresas de capital extranjero las que operan y hacen negocio con estos activos energéticos.
Reputación e impuestos
Para el director general de Energía del Gobierno de Aragón, Alfonso Gómez, los beneficios de las renovables para la comunidad son «tangibles e intangibles. Entre los primeros, destaca la creación de empleo. Solo los proyectos declarados inversiones de interés autonómico generarán en torno a 21.450 puestos de trabajo directos e indirectos en la fase de construcción y unos 8.900 durante su explotación, según estimaciones de la DGA.
Gómez destaca asimismo los ingresos por los impuestos municipales (IAE, IBI, ICIO...) que abonan las eléctricas a los ayuntamientos donde explotan sus recursos. Los consistorios y particulares también hacen caja con los molinos de vientos o plantas fotovoltaicas que se ubican en terrenos de su propiedad. Así, por ejemplo, el Ayuntamiento de Gurrea de Gállego cubre el 25% de su presupuesto con los ingresos ligados a los parques eólicos ubicados en esta localidad oscense.
En cuanto a los beneficios inmateriales, Gómez destaca los de tipo reputacional. «Aragón se ha convertido en un referente a nivel español y europeo en energías renovables, lo que pone en valor a nuestra comunidad», asegura.
Conseguir que este tipo de instalaciones generen un mayor valor añadido al margen de la producción de electricidad ha ido un caballo de batalla compartido por las regiones españolas donde las tecnologías verdes son preponderantes. El propio Gobierno de Aragón, con Arturo Aliaga al frente del Departamento de Industria, llevó a cabo unos concursos de priorización de proyectos en función de los compromisos e inversiones complementarias que ofertaba cada proyecto. Sin embargo, este proceso no salió bien y acabó judicializado por los promotores que peor salieron parados. Otras comunidades como Galicia han creado un canon eólico que recauda la Xunta y que revierte en los ayuntamientos que acogen aerogeneradores, una vía que la DGA descarta por el momento.
