Mariano Rajoy llegó ayer al debate sobre la corrupción con la medida más importante que ha tomado desde que estalló el caso Gürtel (hace ya cinco años), bajo el brazo: la aceptación de la dimisión de Ana Mato, ministra de Sanidad y una de sus colaboradoras más estrechas en el PP en la última década.
El presidente del Gobierno sabía que no podía acudir al pleno en el Congreso manteniendo a Mato en uno de los sillones azules, pero su decisión de dejarla caer apenas 14 horas antes no le libró de que toda la oposición le negara cualquier autoridad moral para proponer medidas contra la corrupción. "En esta materia, sencillamente, no le creemos, no son de fiar", le espetó el líder del PSOE, Pedro Sánchez.
En la intervención con la que abrió el debate, Rajoy enumeró una batería de medidas de regeneración democrática, muchas anunciadas ya hace un año y medio, pero que no habían entrado en vigor todavía, y otras que se pueden considerar nuevas. El Gobierno espera que se puedan aplicar la gran mayoría de ellas en primavera, antes de que empiece la campaña de las municipales y autonómicas. Entre las más destacadas, Rajoy propone ampliar los plazos de prescripción de los delitos (de los 10 años actuales a 15), endurecer las penas de inhabilitación y agilizar los macroprocesos para evitar, dijo, que "procesos de gran repercusión social", por ejemplo el caso Gürtel y el caso de los ERE, "permanezcan abiertos durante años".
Acosado en las últimas semanas por nuevos casos de corrupción Rajoy inició su alocución subrayando, como ha hecho ya varias veces, que no cree que la corrupción esté generalizada. "¡España no está corrompida, señorías! España tiene algunos corruptos que, afortunadamente, estamos sacando a la luz. El resto está sano, conviene recordarlo", destacó. Defendió que él en persona subiera a la tribuna para defender los dos proyectos de ley en los que se incluyen la mayoría de las medidas anticorrupción y también la modificación del Código Penal y de la ley de enjuiciamiento criminal, porque quiere demostrar que el Gobierno considera que esta lacra es un problema "peligroso" para la "convivencia democrática" y que se lo toma "muy en serio".
Rajoy garantizó a los ciudadanos que "se están cerrando los agujeros por los que se cuela la corrupción" y está mejorando las herramientas legales contra los que delinquen.
Ni las medidas ni sus buenas intenciones de inicio ("quiero acordarlas, prefiero acordarlas", afirmó el jefe del Ejecutivo) ablandaron a la oposición. Sánchez subió a la tribuna y le recordó que la sede del PP, según el juez, está reformada con dinero negro y uno de sus tesoreros, Luis Bárcenas, con cuentas en Suiza, sigue en la cárcel.
RESPONSABILIDADES
El máximo dirigente socialista destacó un hecho que el resto de partidos también denunció: si Rajoy se ha visto obligado a dejar de contar con Mato porque el auto del juez Pablo Ruz la considera "partícipe a título lucrativo" de la red Gürtel, ¿quién va a asumir la responsabilidad en el PP? Ruz apunta, "con la misma fórmula" exactamente, recordó Sánchez al partido conservador. Casi idéntica cuestión le plantearon Rosa Díez (UPD) y Cayo Lara (IU).
Ninguno obtuvo una respuesta, pero no eran los únicos que querían escuchar a Rajoy en este punto. También los diputados del PP, según explicaron algunos, se quedaron con las ganas de tomar nota de los argumentos que el jefe del Ejecutivo tiene en la cabeza. Rajoy, según fuentes populares, está muy desmoralizado. No solo por lo que significa la dimisión de Mato, a la que ni mencionó en su discurso inicial y ya en su turno de réplica intentó defender subrayando que no está imputada y desconocía los negocios de su marido. También por las últimas encuestas del CIS y de la prensa, que dan por muerto el bipartidismo y auguran un impresionante avance de Podemos, a cuyo líder, Pablo Iglesias, calificó, en una referencia indirecta, de "salvapatrias de escoba". El Partido Popular teme también las noticias que pueda deparar la instrucción judicial de los papeles de Bárcenas, que sigue, y el alcance de una posible segunda ronda de arrestos por la operación Púnica (de comisiones ilegales).
CRÍTICA DE FEIJÓO
Rajoy reúne el próximo martes en Madrid al comité ejecutivo nacional, una cita clave con sus barones territoriales y la cúpula del partido tres días después de su viaje a Barcelona y de conocerse sus iniciativas contra la corrupción. Alguno de esos dirigentes, como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirmó ayer que daba su "absoluto respaldo" a las medidas pero que el líder del Partido Popular debería haber actuado "antes". También a ellos tiene que convencer, para comenzar un ciclo electoral que en 12 meses incluirá elecciones municipales, autonómicas y también generales.
