Mariano Rajoy ha confiado a su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la intervención de la Generalitat de Cataluña. Santamaría coordinará el trabajo de todos los ministerios, que desde ayer han asumido la gestión del día a día de las conselleries.

Para hacer esto efectivo, Rajoy ha delegado en su número dos todas las funciones y competencias de Carles Puigdemont tras ser destituido, que habían recaído en él como presidente mediante la aplicación del artículo 155. De esta manera, el jefe del Ejecutivo central ha asumido en un primer momento todo el poder del dirigente catalán, pero mediante un real decreto se las ha trasladado a su vicepresidenta. Esa disposición ha aparecido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado la madrugada de ayer.

EL CNI CATALÁN

Además, Sáenz de Santamaría, que ha acompañado al político gallego en los últimos 15 años, también asumirá parte de las funciones del cesado vicepresidente Oriol Junqueras, en tanto que es vicepresidenta de la Moncloa. Las competencias económicas del líder de Esquerra Republicana se repartirán entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y el de Economía, Luis de Guindos.

El BOE, que apareció en soporte digital sobre las cuatro de la madrugada de ayer, incluyó esta sorpresa y también el relevo del major de los Mossos, Josep Lluís Trapero. En el decreto sobre los ministerios se puede leer que Santamaría se hará cargo del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Informació y del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña, conocido como el CNI catalán. La Guardia Civil acudió días antes del referéndum del 1-O a ambas sedes para verificar la paralización de programas informáticos que supuestamente iban a servir para el recuento de la votación vía electrónica. Además, en esa lista de organismos que pasan a depender de Santamaría se incluye el Centro de Estudios de Opinión.

Según el texto del BOE, el objetivo del Ejecutivo central es «garantizar el funcionamiento de la Administración» catalana y se compromete a hacerlo «con sujeción a los principios de prudencia y proporcionalidad y con pleno respeto a la autonomía de Cataluña».

En el decreto que se dedicó al cierre de las llamadas embajadas en el extranjero, el Gobierno argumentó que lo hace para «asegurar» la «neutralidad de la Administración en garantía del pluralismo político» y siguiendo la Constitución y el Estatut.

En el listado de «supresiones», ya dado a conocer por Rajoy el pasado viernes, se añadió la de la comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña, creada después de las cargas policiales del 1-O.