Hoy se sabrá hasta dónde está dispuesto a llegar Carles Puigdemont con su propósito de hacer una declaración unilateral de independencia (DUI). Si en su comparecencia en el Parlamento catalán, el presidente de la Generalitat anuncia la separación de España o flirtea con esa idea, haciendo algo así como una proclamación en diferido, según fuentes del Gobierno, la Moncloa responderá con las herramientas «más eficaces» que tiene sobre la mesa. Mariano Rajoy cuenta con varias opciones, entre ellas el artículo 155 de la Constitución, con el que se pueden suspender algunas competencias autonómicas, y otros instrumentos legales.

Fuentes de la Moncloa admiten que Rajoy y su equipo son muy conscientes del riesgo de conflicto social que podrían suponer algunas de esas medidas, a la vista de lo que ocurrió la jornada del referéndum del 1-O y ante la movilización de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), que ya ha llamado a manifestarse frente al Parlament durante el discurso de Puigdemont.

Rajoy ha aguantado durante ocho días la presión de Albert Rivera (Ciudadanos) y de algunos políticos (José María Aznar, Felipe González, Alfonso Guerra…) que le reclamaban una respuesta contundente a los soberanistas. Los asesores del líder del PP admiten que las imágenes de las cargas policiales del 1-O y la respuesta internacional (con algunos mensajes de Estados Unidos y la Comisión Europea advirtiendo contra el uso de la violencia) tuvieron efecto en él: el presidente del Gobierno central decidió el miércoles pasado que volvería a responder con «firmeza» después de la «desobediencia última» de Puigdemont, la declaración de independencia o el mantenimiento del desafío en sede parlamentaria. Rajoy ha considerado que necesitaba legitimarse dentro (ante los partidos y ante la opinión pública) y fuera (gobiernos y medios de comunicación extranjeros) para poder aplicar el artículo 155.

En este corto e intenso periodo entre el 1-O y el 10-O, algunas voces del PDECat han mostrado sus dudas ante la DUI, varias empresas han cambiado la sede social y Artur Mas ha expresado su temor a que Cataluña no esté preparada para una independencia real.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, concedió ayer una entrevista a la COPE y reconoció que la interpretación del artículo 155 de la Carta Magna «puede suponer muchas cosas», porque en su redacción «dice muy poco». «Las decisiones que adoptemos son decisiones que deben poder implantarse, que tengan efectos y que causen el menor daño posible» a los catalanes, relató Sáenz de Santamaría haciendo una referencia indirecta a la dificultad que puede tener el Gobierno a la hora de aplicar el 155 u otras «medidas diferentes», apuntó, ante la respuesta social.

MAYORÍA ASEGURADA / La aplicación del 155 (que solo una vez se blandió, con Felipe González de presidente) empezaría con un requerimiento del Ejecutivo al jefe de la Generalitat para que cumpla la Constitución. Si no atiende esa petición, Rajoy puede, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, adoptar «las medidas necesarias» para obligar a la comunidad a cumplir forzosamente sus obligaciones. La Moncloa debería concretar claramente qué competencias asumiría y la Cámara baja las votaría. El PP tiene mayoría absoluta así que, llegado el caso, la luz verde está asegurada.

LA ADVERTENCIA DE CASADO / El PP, por su parte, advirtió ayer a Puigdemont de que se arriesga a acabar en la cárcel. Se lo dijo el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, que tuvo que aclarar su frase inicial, en la que le avisaba de que podía «acabar» igual que Lluís Companys, que declaró el Estat Català en 1934 y murió fusilado por el régimen franquista en 1940. Casado aseguró que se había referido a hace «83 años», por tanto, a su arresto por parte de la República.

Casado también dejó otro recado «a título personal»: la de incluir en la ley de partidos políticos la posibilidad de ilegalizar fuerzas que promuevan la independencia. Ahí quedan sus palabras.