El Real Zaragoza ha introducido un nuevo elemento de debate político en la próxima campaña electoral. Una petición formal de las conversaciones iniciadas con el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, ya el año pasado pero con una fórmula distinta y, sobre todo, un objetivo muy diferente. El club lanzó ayer un comunicado anunciando su solicitud al consistorio para intentar llevar la gestión y explotación de La Romareda durante 75 años pero con la fórmula de concesión administrativa, no de cesión a precario que, según la ley, solo le permitía obtenerlo por un plazo de 50. Pero no explicó el porqué en ese anuncio. Y este está en unos planes de la entidad que pasan por rescatar el proyecto de Carlos Lamela que planteó CHA hace diez años, abaratarlo y acometer una remodelación del estadio que podría dejar un nuevo campo listo, con 11.000 localidades más que ahora, hasta 45.000, en el arranque de la temporada 2018-2019.
Muchas novedades que harían viable una reforma que apremia pero que en esta legislatura ha pasado casi inadvertida para el Gobierno municipal. Al club le urge para lograr ingresos adicionales a los que genera la propia actividad deportiva. Y al consistorio, porque ya hay informes técnicos que alertan de la necesidad de meterle mano a la estructura y a la cubierta de estas instalaciones municipales.
En su comunicado, el Real Zaragoza explica que "el reciente cambio accionarial en la sociedad deportiva y sus proyectos de futuro justifican la necesidad de consolidar un marco jurídico para la utilización del estadio que evite la actual precariedad". Esta no es otra que la cesión que, sucesivamente, se ha ido firmando con el ayuntamiento, con una duración de diez años la última, aprobada en el 2013. Con esta fórmula, lo máximo que permite la ley son 50 años. Con la concesión administrativa el límite es de 75.
Pero lo fundamental de este cambio es permitir al club "impulsar, con garantías de futuro, actuaciones que vayan más allá de la mera conservación ordinaria del inmueble". Y ahí es donde entra el proyecto de remodelación, que ya no sería de 20 a 25 millones como cifró el propio ayuntamiento en su última propuesta de mínimos elaborada por él mismo. El club busca rescatar, diez años después, el proyecto de Lamela, abaratarlo "entre un 20% y un 30%" y acometer por unos 45 la construcción que ya contemplaba este diseño, con un zócalo comercial en planta calle y un rascacielos que se reduciría para tener "entre ocho y doce alturas", no 20 como se planteaba hace una década.
PRÓXIMA LEGISLATURA
Así lo explicaron a este diario fuentes del club quienes también admitieron que los plazos administrativos que requiere esta operación conllevan un mínimo de "entre ocho y diez meses". Por eso urgía lanzar la petición ahora, para que vaya a la próxima comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, la próxima semana (en ella se pedirá a los grupos municipales mostrar parecer), y se someta a información pública durante el plazo de un mes.
Así, el titular del área, el socialista Carlos Pérez Anadón, dejará esta cuestión para la próxima corporación y con los preparativos ya hechos para dar forma a esta concesión y negociar las condiciones a incluir en el pliego de condiciones. Porque tiene que salir a concurso público forzosamente. Y yendo todo como desea el club "las obras podrían comenzar en junio del 2016, cuando finalice la temporada".
En sus previsiones está también "poder realizar los trabajos durante las dos siguientes campañas manteniendo en todo momento 30.000 localidades", con una reforma por fases similar a la emprendida por otros clubes, como el Real Betis, que pudo remodelar su estadio sin emigrar a otro campo.
A esta intervención se refería el Real Zaragoza en su comunicado cuando subrayó que, de aprobarse, la entidad "manifiesta su disposición a anticipar la financiación de las obras de reforma y rehabilitación del estadio, si se considerase necesario su impulso, con arreglo al proyecto y presupuesto que la corporación municipal estime oportunos", aunque apostilló que, simultáneamente, "habrá de acordarse el mecanismo compensatorio por dicha financiación, tal que garantice el equilibrio de la concesión".
