El impuesto de bienes inmuebles (IBI), la principal fuente de recaudación municipal, puede subir al menos el 8% el año que viene en 171 ciudades y pueblos aragoneses. Es la consecuencia de la actualización de los valores catastrales, la base sobre la que se aplica el impuesto para que se acerque al precio de mercado, recogida en el real decreto-ley de medidas tributarias publicado el pasado sábado 3 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en la que se incluyen los coeficientes para adecuar esa base tributaria de 2.452 municipios que lo solicitaron.

En total, son 359 ayuntamientos los que se ven afectados en Aragón por esta actualización, entre los que destacan las capitales de Huesca y Teruel. La revisión va desde un alza del 0,87%, donde los valores catastrales rigen desde el 2011, hasta el 8%, donde se mantienen como en el periodo 1984-1990, y en el que se incluyen los 171 mencionados, donde más debe subir el IBI. Entre estos últimos están algunos municipios metropolitanos o cercanos a Zaragoza, como María de Huerva, Fuentes de Ebro o Épila, además de localidades importantes de esta provincia como Tarazona, Cariñena, Borja, Bujaraloz. Gallur, Magalón, Mallén. Morata de Jalón o Sos del Rey Católico. Todos ellos están expuestos a una subida de este impuestos del 8%.

Aunque los consistorios afectados sabían que se iba a actualizar este valor, ya que ellos mismos lo solicitaron, desconocían los coeficientes que se tendrían que aplicar y que están en función del año de vigencia de los valores sin revisar. Los más antiguos, que van de 1984 a 1990 tienen que aplicar un coeficiente del 8%, lo que eleva la base sobre la que se tributa y, a no ser que el consistorio decida rebajar el tipo de gravamen en la misma proporción, significará más cuota para los contribuyentes, que incluso puede ser mayor si el ayuntamiento eleva el tipo de gravamen. El Gobierno ha impuesto la obligación a los consistorios de que, como mínimo, la recaudación se mantenga.

Coeficientes / Además de en las ciudades de Teruel y Huesca, con unas alzas del tributo municipal que deberían ser del 5% y el 3%, respectivamente, la actualización afecta a otras 13 capitales de provincia españolas. Se trata de València, donde el alza debería ser del 4%; Alicante (5%) Granada (4%), Cádiz (5%), Córdoba (6%), Huelva (4%), Jaén (4%), Almería (0,92%), Badajoz (5%), Santander (0,90%), Ávila (0,90%), Tarragona (3%) y Lérida (0,92%),

Pueden solicitar la actualización de los coeficientes para los valores aquellos municipios en los que hayan transcurrido al menos cinco años desde la última revisión catastral (recálculo del valor del conjunto de los inmuebles de la ciudad) y en los que haya «diferencias sustanciales» entre los valores de mercado y los que sirvieron para determinar los valores catastrales que estén en vigor. Los consistorios tuvieron de plazo hasta el 31 de mayo pasado para solicitar la actualización o para desistir de la petición que hubieran formulado.

De los 356 municipios aragoneses en los que se aplicarán los coeficientes de actualización, 127 están en la provincia de Zaragoza, donde además de los ya mencionados destacan poblaciones como Ejea de los Caballeros, con una posible subida del IBI del 0,92%. Otros 125 se encuentran en Teruel, entre ellos municipios como Alcañiz (7%), Calanda (8%), Calamocha (7%), Albarracín (3%), Hijar (8%), Mas de las Matas (0,92%), Monreal del Campo (8%), Mora de Rubielos (8%) o Rubielos de Mora (8%); y 107 más están en la provincia de Huesca, como Monzón (4%), Alcampell (8%), Loarre (8%), Sallent de Gállego (8%), Ainsa-Sobrarbe (0,87%), Broto (7%) o Benabarre (7%).

DECRETO-LEY

Estas variables se suelen publicar en los Presupuestos Generales del Estado de cada año. Como en esta ocasión será imposible que estas cuentas se hayan aprobado dentro del ejercicio actual, el Gobierno ha optado por utilizar la vía del real decreto-ley, que se tramita de forma más rápida, a través de la convalidación en el Congreso, lo que permite a los ayuntamientos aprobar o adecuar las ordenanzas fiscales para que puedan entrar en vigor el próximo 1 de enero del 2017.