La polémica generada por el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) en Zaragoza está complicando las cifras del Gobierno de Aragón. Así, con la incorporación de los 361.209 recibos asociados a la ciudad la tasa de domiciliación del tributo ha caído a un 55,7% frente al 81,3% que constaba en el pasado mes de noviembre según datos oficiales.
La campaña de rechazo contra el impuesto medioambiental en la ciudad de Zaragoza, amparada desde el consistorio, ha generado un foco de conflicto en la opinión pública en el que se multiplican los recursos y las manifestaciones en contra. Por el momento para la capital aragonesa ya se han emitido 361.209 recibos, por importe de 10.412.735,47 euros. El Gobierno de Aragón indica que se han pagado 120.000 de ellos, por importe conjunto de 3.500.000 euros, lo que supone un 33%.
A pesar de que desde el Instituto Aragonés del Agua (IAA), el organismo público encargado de gestionar los importes, se recomienda domiciliar la factura con las entidades bancarias como se hace con el resto de los pagos domésticos, las múltiples dudas que han surgido entre los ciudadanos han llevado a que solo se hayan captado 90.000 domiciliaciones. Esto supone un exiguo 25% del total que lastra el dato en el conjunto de Aragón.
El comportamiento de los vecinos de Zaragoza contrasta con la situación en los municipios de gran tamaño aragoneses. La tendencia en estos enclaves (en los que el pago del ICA está asentado desde hace varios años) es la de regularizar y automatizar el pago hasta en el 85% de los casos. Así sucede con los contribuyentes de Huesca, Teruel, Calatayud, Tarazona o Alcañiz.
evolución en el tiempo / El Gobierno de Aragón destaca que en algunos casos puntuales se ha llegado a registras una domiciliación que supera el 90% en pueblos como Monreal del Campo, Cella, Alloza, Villarquemado, Paniza o Uncastillo.
La DGA cree que con el paso del tiempo los datos volverán a la situación previa al cobro en Zaragoza. Sin embargo, en estos momentos el ICA está sometido a un proceso de revisión.
En los acuerdos entre los partidos de izquierda en las Cortes de Aragón para garantizar la tramitación de los presupuestos del 2018 figura una reforma del mismo en el plazo de dos meses. Además el propio departamento de Desarrollo Rural ha anunciado la extinción del IAA a lo largo de este año para convertirlo en una dirección general. Con este gesto tienen previsto mejorar la transparencia y el control del organismo tras las múltiples denuncias sobre el despilfarro de recursos públicos que ha recibido.
Para el próximo 4 de febrero está prevista una manifestación multitudinaria convocada por la Red de Agua Pública de Aragón. El lema de la protesta será Gestión pública y eficiente del agua, precios justos. Los sectores críticos al tributo medioambiental exigen la supresión absoluta del pago al considerar que se usa para tapar la mala gestión de los anteriores Ejecutivos.
